El Senado aprobó la nueva Ley que regula las protestas y manifestaciones

Se aprobó en definitiva y sobre tablas en una ajustada votación, el proyecto de ley en revisión que tiene por objeto conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas. 

Según esta ley, se busca encontrar un equilibrio entre el ejercicio de los derechos ciudadanos y la preservación del orden público durante las protestas y manifestaciones públicas. Se destaca como un paso importante para regular estas situaciones y garantizar que se desarrollen de manera pacífica y respetuosa, resguardando los derechos de todos los ciudadanos involucrados.

Define una protesta o manifestación pública, cuando un grupo de personas se reúne con un objetivo común, ya sea que se muevan o no por un espacio público, durante un tiempo determinado y sin recurrir a la violencia, para expresar sus reclamos o demandas a las autoridades públicas o a entidades privadas.

La Autoridad de Aplicación será responsable de garantizar que las protestas o manifestaciones se desarrollen pacíficamente, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como permitir el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales (salud, transporte, educación y bomberos), habilitar parcialmente la circulación de personas y vehículos en una dirección específica, evitar la comisión de delitos durante los preparativos, desarrollo o dispersión de las manifestaciones, y cumplir con el requisito de notificación establecido en la ley.

Es importante destacar que cualquier protesta o manifestación pública debe ser notificada con al menos 24 horas de anticipación a la autoridad competente, indicando el lugar de concentración, las rutas de marcha (en caso de haber), el horario de inicio y duración estimada, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores del evento.

En caso de que una protesta o manifestación no cumpla con las condiciones establecidas por la ley y obstaculice el ejercicio de los derechos mencionados, no se permitirá su realización, a menos que se lleve a cabo una mediación obligatoria, coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta mediación no podrá durar más de dos horas desde el inicio de la protesta y tiene como objetivo establecer las condiciones para poner fin a la perturbación y canalizar las demandas de los manifestantes a través de las autoridades competentes.

En situaciones en las que una protesta o manifestación no se ajuste a las disposiciones de la ley o se exceda el tiempo establecido para la mediación, se dará intervención al Ministerio Público y se tomarán medidas para restablecer el orden a la brevedad posible, con la participación de un Juzgado de Garantías competente.

Es fundamental que el personal de seguridad que participe en estos eventos actúe conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de las autoridades competentes, siempre siendo el último recurso. Además, deberán estar debidamente identificados, al igual que los vehículos oficiales utilizados para el traslado de detenidos.

La Autoridad de Aplicación podrá disponer de barreras físicas o personal policial para organizar la circulación de los manifestantes y otras personas, así como proteger áreas específicas durante las protestas o manifestaciones públicas.

Este proyecto de ley también propone modificar el Código Contravencional de la provincia para establecer sanciones a aquellos que obstaculicen la circulación de personas y vehículos en la vía pública o espacios públicos, tanto de forma directa como facilitando los medios para cometer tales acciones.

El proyecto se aprobó en general y particular con 11 votos por la afirmativa y 10 por la negativa. Los senadores Walter Wayar, Miguel Calabro, Sonia Magno, Leopoldo Salva, Carlos Rosso, Manuel Pailler, Carlos Ampuero, Walter Cruz, Sergio Saldaño y Héctor D ´Auria votaron en contra.

Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Derecho a protesta y derecho a libre circulación 

Varios países en el mundo han implementado regulaciones para conciliar el derecho a la protesta con el derecho a la circulación, buscando evitar interrupciones excesivas o injustificadas del tráfico. Algunos países que se destacan por tener regulaciones en este sentido son:

1. Estados Unidos: En Estados Unidos, el derecho a la protesta está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, pero también se han establecido regulaciones para evitar perturbaciones en la circulación. Por ejemplo, se pueden requerir permisos para marchas y manifestaciones en ciertas áreas, y se establecen restricciones en cuanto al bloqueo de calles y autopistas.
2. Alemania: En Alemania, el derecho a la protesta está protegido por la Ley Fundamental y se reconoce la importancia de garantizar el derecho a la circulación. Las autoridades pueden establecer restricciones y requerir notificación previa para manifestaciones que puedan afectar el tráfico, y se prohíben las obstrucciones intencionales y peligrosas de las vías públicas.
3. Reino Unido: En el Reino Unido, el derecho a la protesta está protegido por la Ley de Derechos Humanos, pero también se han establecido regulaciones para garantizar el flujo del tráfico. Las autoridades pueden imponer condiciones y restricciones a las manifestaciones, como el establecimiento de rutas o la limitación del tiempo y lugar de las protestas, para minimizar las interrupciones en la circulación.
4. Canadá: En Canadá, el derecho a la protesta está protegido por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Sin embargo, las autoridades pueden imponer restricciones razonables para garantizar la seguridad pública y la circulación. Se pueden requerir permisos y notificaciones previas para ciertas manifestaciones, y se prohíben las obstrucciones intencionales de las vías públicas.

Es importante tener en cuenta que estas son solo algunos ejemplos y cada país tiene sus propias regulaciones específicas en relación al derecho a la protesta y la circulación. Las regulaciones buscan equilibrar los derechos de los manifestantes con los derechos de otros ciudadanos y la seguridad pública.