Luego del mensaje intimidatorio de una funcionaria que amenazó a la periodista Marcela Pérez de que si no bajaba una publicación en donde su automóvil se encontraba cometiendo una infracción, sería demandada, llegó la respuesta.
El pasado martes en horas de la tarde, la periodista Marcela Pérez fotografió automóviles que se encontraban estacionados en lugares no permitidos, en la avenida Bicentenario, en la vereda del club Gimnasia y Tiro.
Uno en particular, llamó la atención por tratarse de un vehículo destinado al uso oficial del Ministerio Público, lo que motivó la publicación.
Acto seguido, la periodista recibió un mensaje intimidatorio de parte de la supuesta propietaria del vehículo Mariana Onetto, quien amenazó que si no retiraba inmediatamente la publicación de sus redes, le iniciaría demanda, desconociendo que la periodista no publicó bajo ningún concepto, datos personales que pudieran perjudicarla más que su actitud violatoria de las normas de tránsito.
La funcionaria no finalizó con este acto intimidatorio, sino que bajo el mismo tenor, intentó que el sitio web Que Pasa Salta, que se había hecho eco de la denuncia, también baje la publicación, bajo amenazas.
El «comunicado» de la Defensoría General surgido como reacción a las numerosas muestras de adhesión del periodismo y la sociedad en general con la periodista señala a continuación:
Ante la sostenida circulación durante la jornada de ayer en medios de prensa y redes sociales, de una publicación continente de fotografías cuestionando el estacionamiento indebido de un vehículo que exhibia en su interior una placa cartel con la denominación “MINISTERIO PÚBLICO – VEHÍCULO OFICIAL”, y advirtiendo la gravedad de la situación toda vez que dicho vehículo no pertenece a la flota de vehículos de Ministerio Público de Salta, sino que sería de uso particular de una funcionaria dependiente de ésta Defensoría General, como asi también los hechos posteriores a ello, direccionados a impedir la continuidad de la divulgación de la publicación, se hace saber que se ha ordenado la instrucción de un Sumario Administrativo, a los fines de disponerse las distintas medidas enderezadas a la investigación y eventual sanción del hecho denunciado, previo ejercicio del derecho a defensa de la funcionaria involucrada.
Asimismo, ante las distintas expresiones y comunicado de asociaciones defensoras del ejercicio libre de la actividad periodística, se deja suficientemente a salvo como regla fundamental, y en términos generales y sin que necesariamente implique una referencia específica con la situación planteada – (que deberá ser materia de examen y resolución del sumario a instruirse)- , que resulta una premisa inquebrantable para esta Defensoría General, el respeto absoluto e integral sin retaceos ni cercenamientos de ninguna naturaleza, de la libertad de expresión, prensa y opinión, base misma del funcionamiento del sistema republicano y democrático.
Se hace conocer a la vez, que también se ordenaron medidas relacionadas a examinar y revisar todos los antecedentes vinculados a la asignación y provisión en general de dicha cartelería por parte de las distintas áreas, disponiéndose en el ámbito de la Defensoría General, restringir su uso a lo estricta y extremadamente indispensable por parte de vehículos oficiales que así lo requieran conforme su indispensable y extrema necesidad, ordenandose a la vez el cese de su disponibilidad y devolución en los casos que no resulte de inevitable necesidad, toda vez que el ejercicio de las funciones regulares y ordinarias que pudiesen asignarse a los distintos funcionarios, no resulta incompatible con la circulación vehicular regular y respeto por las normas de tránsito, exigibles a cualquier ciudadano común.
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