NOTICIAS GENERALES

Juicios en pandemia: fiscales generales repasan las dificultades del trabajo durante 2020

0

Tras haber transitado buena parte del 2020 en pandemia, fiscales generales de diversas partes del país evalúan en este relevamiento de Fiscales.gob.ar la incidencia del aislamiento en las condiciones en que se celebraron juicios orales y otros modos de finalización de los procesos, las complicaciones a las que se enfrentaron y las expectativas para la agenda de debates orales previstos para este año. Opinaron nueve representantes de Córdoba, Salta, Mendoza, Corrientes, Jujuy, La Plata, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Rosa del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Las diferentes miradas de las y los fiscales dan cuenta del mosaico de situaciones que se afrontaron en el país y de la diversidad de criterios para su evaluación, en un escenario signado por la necesidad de hallar respuestas para la resolución de las dificultades que presentó una situación nunca antes transitada por un sistema de justicia federal que ejecuta dos modelos procesales: el mixto, en la mayor parte del territorio, y el acusatorio, en Salta y Jujuy, que cumplió un año de implementación en medio de la pandemia.

Sobre el volumen de trabajo

De acuerdo a Maximiliano Hairabedian, titular de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, la incidencia se notó “principalmente en la cantidad de juicios comunes, ya que las medidas de aislamiento -estrictas al comienzo- y las restricciones a la circulación, dificultaron la realización de los debates orales y públicos”.

Sin embargo, Hairabedian destacó que en el contexto de la pandemia se obtuvo un mayor número de sentencias condenatorias en comparación al 2019 “porque los inconvenientes para los juicios comunes los suplimos con más juicios abreviados”.

Para Gloria André, a cargo de las fiscalías generales ante los TOCF 1 y 2 de Mendoza, el volumen de trabajo se mantuvo constante en comparación a años anteriores por una suerte de “compensación” en las tareas de las dependencias a su cargo. “Por ejemplo, durante el período de mayores restricciones en los que se paralizó la realización de juicios orales, se produjo un notorio incremento en las vistas relativas tendientes a la obtención de beneficios por parte de imputados y/o condenados que les permitiese la salida de los centros de detención”, explicó.

El fiscal Hairabedian destacó que en el contexto de la pandemia se obtuvo un mayor número de sentencias condenatorias en comparación al 2019.

Entre las complicaciones más difíciles de sortear, André incluyó a las formas de trabajo remoto. “El pase del expediente papel al digital motivado por la pandemia requirió de una rápida adaptación que no estuvo exenta de diversos obstáculos que dificultaron el trabajo de la fiscalía. Ello ocasionó que las tareas resultasen mucho más arduas que en circunstancias normales”, agregó.

Las medidas de aislamiento tomadas en razón de la pandemia “no tuvieron una gran incidencia en el volumen de trabajo que tramitó durante este 2020”, dijo Indiana Garzón, a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. Para la fiscal, “los operadores judiciales pudieron desempeñar su trabajo en forma remota y en modo presencial, circunstancia que permitió gestionar las causas con normalidad, sin que disminuya sensiblemente el volumen en trámite”. La representante del MPF remarcó que si bien las causas por violaciones a los artículos 205 –que reprime la violación de medidas tendientes a evitar la introducción y propagación de una epidemia- y 239 –que reprime la resistencia y desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones- del Código Penal fueron importantes durante los primeros meses de aislamiento, luego fueron disminuyendo y su competencia fue concurrente entre la jurisdicción federal y provincial.

El fiscal general Hernán Schapiro, interinamente a cargo de la Fiscalía ante el TOCF 1 de La Plata, evaluó que “las medidas de aislamiento y teletrabajo acrecentaron la demanda de trabajo, pues se comenzó a trabajar fuera de horario e incluso en días inhábiles. A la vez, se llevó a cabo una considerable cantidad de debates, lo cual se vio facilitado por el hecho de que las partes no debieron trasladarse a la sala de audiencias ni el Tribunal se vio obligado a coordinar horarios para el uso de la sala”, aunque indicó que en el caso de ese tribunal “el hecho de que los jueces fueran subrogantes, debiendo atender sus propios tribunales, impidió quizás realizar una mayor cantidad de juicios”.

El fiscal general ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer, explicó que, si bien durante el año “hemos tenido en diversas ocasiones suspensiones de plazos y ferias extraordinarias, el trabajo no ha mermado, sustanciándose más de ochenta juicios por narcotráfico y trata, entre los cuales se hicieron juicios orales y abreviados, que se realizaron a través de diversos sistemas de videoconferencia”. Añadió que “durante la pandemia de COVID-19 han ingresado a esta dependencia una innumerable cantidad de causas –más de 150-, en las cuales se han tramitado incidentes y ofrecido pruebas de manera virtual”.

En junio de 2020 en Salta y Jujuy se cumplió un año de la vigencia del sistema acusatorio, que estableció -entre otras cuestiones- la desformalización del proceso, la oralidad y la posibilidad de adoptar resoluciones alternativas, con un rol determinante del MPF en las diferentes etapas. El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo José Villalba, explicó que las medidas de aislamiento «incidieron en el volumen de las causas tramitadas», en la «variación de los delitos que llegaron a conocimiento del MPF», pues «disminuyó notablemente el delito de narcotráfico, sobre todo durante la fase uno», aunque «aparecieron otras realidades delictivas, fundamentalmente las derivadas de la violación a la cuarentena, que generó un gran caudal de trabajo. Es decir, se reemplazó un trabajo por otro».

«Si bien el sistema de videoconferencias permite que los juicios puedan desarrollarse cumpliendo con las garantías constitucionales que requieren, lo cierto es que la presencialidad permite apreciar diversas cuestiones que no logran ser transmitidas ni captadas mediante sistemas telemáticos», evaluó la fiscal de juicio de Mendoza.

En tanto, el fiscal federal subrogante Sebastián Jure, de la Unidad Fiscal Jujuy, señaló que en el período de aislamiento «se redujo al 50 por ciento la presencia del personal en la fiscalía, ya que se debía respetar la terminación del DNI en par e impar para el traslado del personal» y refirió que «el volumen de trabajo disminuyó en lo referente a realización de medidas de prueba, toda vez que se evitó el contacto con peritos y testigos. Pero no influyó en la realización de audiencias por cuanto tuvimos la posibilidad de efectuar audiencias ‘remotas’ e incluso en los primeros meses –donde el aislamiento fue mas estricto- trabajar remotamente desde la casa».

Las complicaciones, la conectividad

Para Hairabedian, las situaciones más complicadas para abordar en relación al trámite de los juicios fueron “las dificultades y problemas con la conectividad para la intervención a distancia de jueces, partes, abogados y testigos”. En similar sintonía, destacó que los obstáculos se presentaron “en la primera etapa del aislamiento cuando por ese motivo no se contaba con la información necesaria para consultar causas en trámite o contestar las vistas ingresadas”.

El fiscal detalló que el trabajo remoto resultó complicado durante esa primera etapa “pero el grupo de trabajo se amoldó rápidamente a esa modalidad y la fiscalía nunca interrumpió su funcionamiento”, hasta lograr combinar las formas remota y presencial.

De acuerdo a la fiscal André, la conectividad fue y sigue siendo un obstáculo a sortear para el correcto desarrollo de los juicios, y lograr video conexiones de calidad: “Incidió directamente en la realización de las audiencias”, apuntó. A pesar de ello, destacó que aún así los debates pudieron llevarse a cabo, y que se vio afectada sólo la puntualidad o la duración de las audiencias por estos inconvenientes. La representante del MPF también incluyó entre las dificultades la afectación de los medios remotos a la inmediación de las partes. “La ausencia en la sala de debate de testigos, defensores, jueces y en mayor medida de los acusados, es una cuestión que perjudica la calidad de los mismos. Si bien el sistema de videoconferencias permite que los juicios puedan desarrollarse cumpliendo con las garantías constitucionales que requieren, lo cierto es que la presencialidad permite apreciar diversas cuestiones que no logran ser transmitidas ni captadas mediante sistemas telemáticos”, agregó.

«Las situaciones complicadas fueron por la falta de conectividad de algunos encartados para participar en audiencias remotas», indicó el fiscal Jure, de Jujuy.

Por su parte, Schapiro marcó dos etapas de la virtualidad: “La situación más complicada, desde mi experiencia, fue el manejo de los sistemas de videoconferencia, aunque la situación mejoró de modo muy considerable cuando las audiencias se comenzaron a realizar por el sistema Zoom”.

La fiscal subrogante de la Fiscalía General ante el TOF de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, María Lía Hermida, diferenció las tareas de 2020 en dos momentos, marcados por las situaciones del primero y del segundo semestre. Señaló que «las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia incidieron notablemente en el volumen de trabajo tramitado por la fiscalía». La representante del MPF señaló que la mayor problemática de esa oficina es la «mínima dotación de personal» (seis personas, incluyendo a la fiscal y al personal de maestranza), de las cuales dos -una de ellas, la fiscal- pudieron prestar servicios en el primer semestre, dado que el resto del personal no contaba «con elementos en su domicilio» para poder desempeñarse, «a excepción de que voluntariamente una de ellas pudo efectuar un proyecto de dictamen de forma manual».

«De esta manera entonces sólo pudimos laborar durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio tres integrantes (entre marzo y junio)», explicó, y destacó que, sin embargo, en coordinación con el TOF «se buscó la forma de continuar realizando la tarea diaria desde nuestros domicilios». Incluso, en diferentes causas se habilitó la feria extraordinaria. «Se fueron probando diferentes plataformas y herramientas informáticas para llevar adelante las audiencias de debate, de juicios abreviados, de ejecución, etcétera, las que se desarrollaron con total normalidad».

«Creo que éste fue el máximo desafío, cumplir en término con las obligaciones, que lógicamente debían llevarse adelante sin tener en cuenta el horario o el día», señaló la fiscal de Tierra del Fuego.

«Ante la presentación de algún problema, se iban sorteando con alguna solución que se pensaba en conjunto», aclaró. «También se pudieron contestar las vistas dispuestas, ya que se contó con los elementos necesarios de manera virtual a través del LEX 100, mail, etcétera. Se pudieron resolver las cuestiones administrativas que se requerían, se realizaron de manera habitual los acuerdos de juicios abreviados tanto con la defensa oficial como con letrados particulares», añadió. «Es decir que la tarea continuaba siendo la misma, y quizá mayor que otros años, agregándose el plus de la falta de personal», indicó.

En el segundo semestre la situación sanitaria en Ushuaia cambió y permitió la realización de actividades de forma presencial. «Más allá de la medidas de seguridad, en razón del escaso espacio con que se cuenta, se formaron dos grupos de trabajo que concurrían uno por la tarde y otro por la mañana, destinando una persona por oficina y estableciendo ingresos y egresos con horarios escalonados, y este protocolo se siguió hasta el inicio de la feria judicial de verano”, indicó la fiscal Hermida.

«El flujo de trabajo jamás mermó sino que por el contrario se vio aumentado en relación a otros años, lo que demandó esfuerzos denodados para cumplir con la tarea diaria. Y creo que éste fue el máximo desafío, cumplir en término con las obligaciones, que lógicamente debían llevarse adelante sin tener en cuenta el horario o el día», resaltó.

La fiscal puso de relieve que «debieron sortearse algunos otros problemas ya que todas las tareas se llevaron adelante con dispositivos electrónicos propios, utilizándose los proveedores de internet que cada uno contaba en su hogar y que en esta ciudad dejaban bastante que desear”.

Desde Salta, Villalba resaltó el trabajo de la oficina judicial, organismo que en el marco del sistema acusatorio es el encargado de programar y realizar las audiencias, «de modo tal que las partes junto a los jueces se limitan a salir a escena», destacó. Gracias a la labor de esa oficina, indicó, «no se resintió el cumplimiento de las etapas del proceso, pero sí en relación al juicio». El fiscal general explicó que «los juicios que se hicieron fueron por vía remota, lo cual dificultó y fue un escollo para el Ministerio Público Fiscal, encargado de llevar a cabo la acción penal con éxito. Es decir, es distinto tener al testigo de forma presencial, captar todo de él, a entrevistarlo por vía remota».

Por otro lado, trazó algunas diferencias con la labor en el sistema mixto que aún impera en el resto de las jurisdicciones del país y que tiene al expediente como un objeto material de trascendencia. El sistema acusatorio funciona con un legajo digital y no existe «un expediente que vaya y venga». «Todo está en el sistema, sin que exista un expediente. Las partes se envían vía mail las constancias de la causa. En este sentido, la investigación no se resintió», aclaró.

En Jujuy, indicó Jure, «las situaciones complicadas, fueron por la falta de conectividad de algunos encartados para participar en audiencias remotas. Y también la dificultad en la notificación a los imputados y medidas encomendadas a la policía de la provincia por cuanto estaban avocados a controlar el cumplimiento del DNU que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio».

“Resulta imprescindible mejorar las herramientas de comunicación remota, señal suficiente de wifi, equipos con cámaras y audio para las comunicaciones por videollamada”, señaló la fiscal Indiana Garzón.

Simplificación

La fiscal general de Santiago del Estero, Indiana Garzón, no cree que la realización remota de las audiencias haya simplificado el curso de la tramitación de los juicios. La fiscal hizo referencia a “los precarios medios tecnológicos con los que se cuenta y la falta de elementos como cámaras, micrófonos, auriculares y demás elementos, sumados a la débil señal de wifi con la que cuentan nuestros lugares de trabajo, los lugares de detención de la ciudad capital y más aún del interior de la provincia” como obstáculos para dar cumplimiento con todas las audiencias fijadas, lo que devino en demoras y superposición de horarios. No obstante, la fiscal destacó que, superadas estas complicaciones con la práctica continua, se logró la implementación de todas las formas de trabajo remoto para lo cual, agregó, “resulta imprescindible mejorar las herramientas de comunicación remota, señal suficiente de wifi, equipos con cámaras y audio para las comunicaciones por videollamada”. Garzón también manifestó que, durante la pandemia, se debió recibir entrevistas para ingreso democrático que debieron llevarse a cabo con celulares y computadoras personales de los fiscales y auxiliares de la fiscalía.

Desde otro punto de vista, para Hairabedian la videoconferencia “permitió respetar las medidas de aislamiento y al mismo tiempo avanzar y dar respuestas a los procesos en curso en audiencias sencillas, como las de probation o los juicios abreviados”. André coincidió con este punto y computó entre los logros de sus fiscalías “la continuidad de los debates en circunstancias en las que la realización de juicios presenciales resultaba imposible”. La fiscal de Mendoza también mencionó como positiva la simplificación que trajo la virtualidad a lo relacionado con el traslado de imputados y testigos, tarea que en un principio “resultaba muy dificultosa por las medidas sanitarias impuestas y el riesgo que ello presentaba”.

La fiscal Hermida destacó entre los “aspectos que simplificaron la realización de las tareas” en el extremo sur de nuestro país a “la predisposición y voluntad que cada uno de los intervinientes pusimos para que la misma no se vea estancada, y fluya de la mejor manera posible, sorteando cada problema que se presentaba de manera coordinada y colaborativa entre los distintos actores del proceso”.

El fiscal salteño Villalba y el de Jujuy, Jure, coincidieron en que las audiencias remotas «simplificaron» el trabajo. «Cuando empezó a crecer el volumen de los delitos, todas se hicieron por vía remota», explicó Villalba. Y ejemplificó: «En esta jurisdicción hubo una audiencia en donde se imputó a 18 personas. Tuvimos también, en una causa de repercusión pública nacional, una audiencia con personas que estaban en Berazategui, otras en Mendoza, en Orán, y el fiscal en Salta. Eso es inédito y se pudo llevar a cabo gracias a la utilización de medios tecnológicos, e incluso con poco gasto». Para Villalba, el trabajo en la emergencia sanitaria mostró otra forma efectiva de realizar el trabajo: «Queda un camino abierto, una manera de trabajar aun para cuando la pandemia pase. Ello se debe replicar». Propuso que «debe persistir la modalidad de trabajo y de hábitos que se vienen llevando a cabo. Por ejemplo, ciertas reuniones, en lugar de que sean presenciales, cuya organización lleva tiempo, dinero, ahora con el sistema Zoom pueden celebrarse sin viajar. Eso es una práctica virtuosa que debe quedar».

Villalba: «Queda un camino abierto, una manera de trabajar aun para cuando la pandemia pase. Ello se debe replicar».

Los logros destacables

Dentro del listado de logros más relevantes llevados a cabo durante el 2020, la fiscal André incluye que, a través de la realización de debates y juicios abreviados, se resolvió la situación de casi la misma cantidad de personas que en 2019, “lo que marca claramente el trabajo desarrollado por la fiscalía bajo las especiales circunstancias impuestas en razón de la pandemia”. Para la representante del MPF, “la estadística muestra que el trabajo de la fiscalía se redobló para alcanzar el mismo nivel de efectividad que el año anterior, y durante 2020 se realizaron debates y juicios abreviados en los que se resolvió la situación de 388 personas, con 371 condenas y 17 absoluciones”.

En el balance de los logros para su fiscalía durante 2020, Garzón incluyó la concreción en varias jornadas de un juicio oral celebrado vía remota donde intervinieron defensas privadas desde otra jurisdicción. Obtuvo condenas en la causa más importante de tráfico de estupefaciente en la provincia: FTU 23.084/2017, caratulada Sztyk, Edgar Leonel; Cardenas, Juan Carlos; y Hawreluk, Basilio Javier s/infracción ley 23737”.

Hairabedian destacó que, aún durante el aislamiento, en los Tribunales Orales Federales de Córdoba se pudieron realizar juicios grandes y complejos, por distintos fenómenos delictivos relevantes, tales como secuestros extorsivos, trata de personas, asociación ilícita fiscal, narcotráfico y lesa humanidad. El representante del MPF puso de relieve su intervención en dos casos: la condena a los integrantes de una cadena de tráfico de estupefacientes que intentó introducir 2700 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en la provincia de Córdoba, con un cargamento procedente de la zona de frontera de Misiones con Paraguay, y un juicio por delitos de lesa humanidad con multiplicidad de acusados y víctimas, que ya entró en su tramo final porque en diciembre se completó la etapa de alegatos y se prevé que se dicte sentencia en febrero.

Para Schapiro, en La Plata “el logro mayor fue la realización de debates de un modo desconocido y a pesar de las dificultades técnicas. Entiendo que dicho logro es muy valioso, y se debe a la voluntad y esfuerzo de los empleados y funcionarios. Al comienzo de las medidas de restricción era difícil de imaginar que se pudieran llevar a cabo juicios de manera completamente virtual”. En ese sentido, destacó que “se llevaron a cabo varios debates en materia de estupefacientes y secuestro extorsivo. En varios casos las causas tenían varios imputados. Asimismo, se llevaron a cabo varios juicios abreviados también por vía Zoom”.

El fiscal Schaefer destacó la asistencia de la PROCELAC, la PROTEX y la PROCUNAR y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.

“Me encuentro ampliamente satisfecha” con la labor, explicó la fiscal Hermida desde la capital fueguina: “Además de las innumerables vistas que se debieron contestar, se ha cumplido con la agenda de juicios dispuesta, lográndose un record de sentencias condenatorias en esta provincia, utilizando, como herramienta muy eficaz parar llegar a tal resultado, acuerdos de juicios abreviados entre esta fiscalía y las/os imputadas/os y sus defensores. Ello trajo aparejado también el decomiso de importante cantidad de sumas dinerarias y de automóviles cuyo destino ha sido el establecido por ley”.

Hermida ponderó que “el logro más relevante que se ha tenido este año es que se ha valorado la especial situación de una persona que, habiendo arribado a esta etapa del proceso procesada por el delito de contrabando de estupefacientes (2438 gramos de cocaína), y en razón de que la misma cometió el delito siendo víctima del delito de trata de personas con fines de explotación, se promovió la aplicación a su respecto lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 26.364 [la norma establece que “las víctimas de trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado de haber sido objeto de trata”]. Asimismo, se entendió necesario impulsar la acción contra quienes resultaron ser sus tratantes”.

“Otra cuestión de importancia -puntualizó Hermida- es la solución que se pudo efectuar frente a las innumerables presentaciones realizadas por personas detenidas (condenadas o con fecha de fijación de audiencia de debate y juicio) que solicitaron la prisión domiciliaria frente a la posibilidad de contagio de COVID en los lugares de detención. En la medida de las posibilidades, manteniendo un estrecho vínculo con el Servicio Penitenciario provincial (…) en la totalidad de casos de personas consideradas de riesgo, se logró el traslado de las mismas a lugares que fueron provistos por la provincia y que sirvieron para mantenerlas/los aisladas y con controles médicos adecuados, lo que implicó una importante solución en relación a esta problemática tan preocupante que se presentaba”.

El fiscal correntino Carlos Schaefer destacó por su parte “el trabajo coordinado con las diferentes procuradurías especializadas, como PROCELAC, PROTEX, PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, que colaboraron con esta fiscalía en diversas causas”. Entre los casos de “gran repercusión” en su jurisdicción, el fiscal Schaefer puso de relieve los autos FCT 7742/2018, caratulados “Pedro Norberto Sánchez y otros s/infracción 23737”, que se resolvieron en el marco de un juicio abreviado en el cual resultó condenado Pedro Norberto Sánchez a la pena de 8 años y 6 meses de prisión como organizador del transporte de estupefacientes de más de media tonelada de marihuana en un vehículo, el cual iba acompañado de dos vehículos más que desempeñaban el rol de punteros. “Su importancia radica en que Sánchez organizó el transporte desde su lugar de detención, ya que se encuentra además cumpliendo una condena de 13 años por el delito de lavado de activos”, evaluó el representante del MPF.

En La Plata el fiscal Schapiro espera que “se normalice la conformación del tribunal con jueces permanentes y la puesta en funcionamiento del Tribunal Oral Federal Nº3, lo que permitiría descomprimir el caudal de trabajo del TOCF 1”.

Otra causa relevante para Schaefer fue la FCT 3628/2016, caratulada “Rivero, Rodrigo Matías y otros s/inf. ley 23737”. Al finalizar el juicio, Rodrigo Matías Rivero, Darío Javier Méndez, Julio Cesar Barrientos y Daniel Alberto Cendoya fueron condenados en virtud del artículo 5 inciso c) y 11 inciso c) de la ley 23.737, en la modalidad de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores, a la pena de seis años de prisión. El hecho ocurrió el 25 de noviembre del año 2017, cuando fueron detenidos transportando cannabis sativa, con un peso total de 279,622 kilos.

Villalba destacó en Salta «el caso del Gasoducto GNEA, donde pudimos, a través de los medios remotos, recuperar 300 caños que habían sido sustraídos, investigar y desbaratar la organización, imputando al intendente de Aguaray como autor principal del delito. Se trató de una causa escandalosa, de repercusión pública nacional, y que, en virtud del accionar del MPF, que en ningún momento se detuvo, se logró que en este año estemos próximos al juicio, y con personas perfectamente imputadas. Tenemos prueba producida de manera contundente».

El fiscal salteño destacó «en mérito al sistema acusatorio» que «un gran caudal de causas que antes quedaban prescriptas, por ser una jurisdicción intensa (por ejemplo, de encubrimiento de contrabando), se terminan resolviendo por probation con medidas de labor comunitaria o donaciones que fueron directamente a la comunidad. Así, se lograron destinar millones de pesos entre los distintos fiscales de la jurisdicción para la atención de la salud pública. En este aspecto, entonces, el MPF federal de Salta, Jujuy, Orán y Tartagal fue un actor importante en la lucha contra la pandemia, fundamentalmente a raíz del sistema acusatorio”.

Jure señaló que en Jujuy «los logros más relevantes tienen que ver con que, a pesar de las medidas de aislamiento social y obligatorio, logramos cerrar varios casos mediante juicios abreviados realizados en audiencias remotas». Contabilizó la realización de veinte juicios abreviados y de doce suspensión de juicio a prueba.

En Santa Rosa genera expectativa el jucio por crímenes de lesa humanidad que comenzará en abril, en el que se abordarán, entre otros, delitos contra la integridad sexual, anticipó la fiscal Silvestre.

Proyección para 2021

Para el año en curso, Hairabedian incluye en la agenda de su fiscalía la celebración de un juicio por un caso de contrabando en los primeros días de febrero junto con una causa compleja de narcotráfico que se desarrollará en la segunda semana de ese mes. En la misma sintonía, Garzón remarca que “conforme el número considerable de elevaciones a juicio formulados por las fiscalías de primera instancia, se espera que durante el año 2021 se fijen fechas para que tengan lugar su debate oral”. La fiscal anticipó que tiene previstas numerosas audiencias de juicio en materia de lesa humanidad, medio ambiente y violencia institucional, entre otras.

En Mendoza, las dos dependencias a cargo de André tienen como objetivo resolver la situación de la mayor cantidad posible de causas. “La estadística muestra un crecimiento sostenido año tras año, y habiendo logrado mantener este indicador durante 2020 con todos los obstáculos que se presentaron, hacen posible pensar en que se los puede mejorar en 2021”, agregó.

El fiscal Schapiro espera que en La Plata “se normalice la conformación del tribunal con jueces permanentes y la puesta en funcionamiento del Tribunal Oral Federal Nº3, lo que permitiría descomprimir el caudal de trabajo del TOCF 1”, con el objetivo de “llevar adelante la mayor cantidad de juicios posible”.

La recientemente asumida fiscal federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Iara Silvestre, quien subroga desde el 1º de enero la Fiscalía General ante el TOF de esa ciudad, destacó que en esa jurisdicción “ya tenemos debates fijados para febrero y marzo, en cinco causas diferentes, todas a realizarse vía remota, por Zoom”. Explicó que “esta herramienta ha sido fundamental para dar continuidad a las causas, tanto en primera instancia como en etapa de juicio oral”, y puso de relieve que “la mayor expectativa está centrada en el debate de la causa 31000615/2010, por delitos de lesa humanidad, para lo que ya tenemos fecha a partir del 12 de abril -todavía no se ha definido si se hará remota o presencial – y esperamos concretar, ya que se trata del tercer juicio por los hechos acaecidos en esta provincia; esta vez los acusados integran la cúpula militar y se suman dos casos de delitos contra la integridad sexual que serán juzgados como de lesa humanidad”.

Para Villalba, «las expectativas y perspectivas” en Salta están centradas en “seguir llevando a cabo la implementación del sistema acusatorio con éxito, tal como lo venimos haciendo. El sistema acusatorio permite dar respuestas rápidas a la comunidad, a la vez que da garantías al imputado». Su colega de Jujuy, Jure, agregó: «Buscaremos optimizar el trabajo realizado, tratar de reducir el tiempo de las investigaciones y mejorar la conectividad para las audiencias. Asimismo, diagramamos una agenda donde esperamos realizar una mayor cantidad de audiencias».

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may also like