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Senadores: aprobaron la intervención de Aguaray

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Se aprobó en definitiva y por unanimidad el Proyecto de Ley en Revisión, por el cual se interviene el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Aguaray.

El senado Javier Mónico manifestó que el cuerpo «Ha analizado en forma conjunta el proyecto con media sanción proveniente de diputados, y proyectos existentes de autoría de los senadores Pailler, Duran Cornejo y Mónico respecto a la intervención del municipio de Aguaray por los motivos previstos en el artículo 179, inciso 2) de la Constitución Provincial».

Manifestó el legislador que «el cuerpo respeta profundamente el federalismo como estructura política y organización del Estado, además que somos profundamente respetuosos de la soberanía popular y la autonomía municipal».

Sin embargo detalló que: «Existen remedios como es la intervención, para subsanar cuestiones de grave crisis o gravedad institucional, como son los que indudablemente se han vivido y continúan viviendo en el municipio de Aguaray, producto de la actuación irresponsable de su intendente, de disponer de bienes del Estado de una manera totalmente irresponsable».

Javier Mónico. Senador

Agregó que: «Se sumaron una serie de hechos, como el llamado al levantamiento social, cortes de ruta y distintas actitudes que no se condicen con la vida democrática».

Aclaró Mónico que: «Somos conscientes que la justicia está haciendo su trabajo, hemos visto lo contundente documentación que maneja el fiscal y que nos hace poder adelantar que en el marco jurídico, la resolución va a llegar, pero con los tiempos de la justicia, que no son los mismos».

Finalmente destacó el senador por parte del cuerpo: «La responsabilidad de dar una solución rápida para la restitución del bienestar común, la paz social y el orden institucional, por eso consideramos conveniente la designación de un interventor que durará en su mandato hasta el 10 de diciembre del 2021».

Caños del gasoducto

La acusación contra el intendente de Aguaray, Jorge Prado; su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y cuatro empresarios, es por el millonario robo de 35 kilómetros de caños correspondientes a un tramo del gasoducto del NEA, la obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse en su totalidad.

La imputación a los acusados surge de «haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios», por entender que Prado «autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea» que pasan por Aguaray.

Para el fiscal, hubo una desafectación de las cañerías para introducirla en el comercio y venderla a la empresa Osypsa.

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