El Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada para continuar la investigación del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas asesinadas en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.
La decisión se tomó tras el fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, argumentando la insubsistencia de la acción penal debido al tiempo transcurrido y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
El fallo respondió a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre de 2023 dejó sin efecto la condena impuesta por el Tribunal de Impugnación Sala I, confirmada en 2016 por la Corte de Justicia de Salta. La Corte Suprema no determinó la culpabilidad o inocencia de Vera, sino que cuestionó irregularidades procesales y ordenó a la justicia salteña emitir un nuevo pronunciamiento conforme al Código Procesal Penal vigente. La Corte de Justicia de Salta remitió la causa al Tribunal de Impugnación, que finalmente dictó el sobreseimiento.
Ante este nuevo escenario, el lunes 17 de febrero la Procuración General de la Provincia dictó la Resolución N° 1594/25, creando una Unidad Especial conformada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios (UFEM); el fiscal penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el fiscal penal UGAP, Gabriel González.
Una investigación exhaustiva y multidisciplinaria
La fiscal de Impugnación ya había solicitado el 10 de febrero la extracción de copias y la formación de un incidente para que las actuaciones lleguen al juzgado correspondiente, permitiendo la continuidad del proceso. La investigación estará a cargo de un Juez de Instrucción en Transición, conforme a la normativa procesal vigente al momento del crimen.
La Unidad Fiscal deberá analizar integralmente el caso, recopilando nuevas evidencias y reevaluando las pruebas existentes con un enfoque exhaustivo y multidisciplinario. Para ello, se aplicarán tecnología avanzada y herramientas científicas de análisis forense. Además, se tendrá en cuenta el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre Argentina y Francia, que permite la cooperación en procedimientos judiciales penales, especialmente en pruebas científicas.
La Resolución destaca que el acceso a la justicia y la protección de las víctimas son principios fundamentales del derecho internacional. En consecuencia, la investigación debe permanecer activa y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos.
Un caso emblemático marcado por irregularidades
El asesinato de Cassandre Bouvier (29) e Houria Moumni (24) conmocionó a Argentina y Francia. Ambas eran estudiantes de La Sorbona y habían viajado a Salta para conocer el norte del país. Sus cuerpos fueron hallados el 29 de julio de 2011 en el Mirador de San Lorenzo. Se determinó que fueron robadas, violadas y asesinadas.
Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por errores y violencia institucional. La Policía salteña detuvo a personas sin pruebas sólidas, recurriendo a torturas y apremios ilegales para obtener confesiones. El caso de las turistas francesas se desarrolló en paralelo con la desaparición de María Cash, lo que incrementó la presión sobre las autoridades encabezadas en ese momento por el gobernador Juan Manuel Urtubey.
La clave de la investigación llegó cuando Gustavo Lasi intentó usar el celular de Houria con su propio chip. Se comprobó que las había matado con la carabina de su padre y que su material genético estaba en los cuerpos de las víctimas. Lasi fue condenado a 30 años de prisión, pero su testimonio inculpó a Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi. En el juicio de 2014, ambos fueron absueltos por falta de pruebas.
Hasta el día de hoy no se explican algunas situaciones que tiñeron con un manto de dudas el asesinato de las turistas francesas y el posterior juicio.El abogado Humberto Vargas quien defendía a Clemente Vera solicitó realizar una contraprueba de ADN pero cuando pudieron hacerlo, desde el juzgado indicaron que el área de criminalística había desechado las muestras.El Jefe de la Brigada de investigaciones, Néstor Píccolo, tampoco pudo estar presente en el juicio. En noviembre de 2011, año en que encontraron los cuerpos de las turistas, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza. Más tarde, otro testigo que había visto como la Policía enterraba el arma homicida en la casa de Daniel Vilte para que sea encontrada como prueba, fue asesinado a puñaladas detrás de un cementerio en octubre del 2013, un año antes del juicio.
El caso estuvo rodeado de sospechas de encubrimiento y de la supuesta participación de personas influyentes de Salta. En medio de críticas internacionales y presión política, la Justicia salteña buscó cerrar rápidamente el caso, generando más dudas que certezas.
El compromiso de seguir adelante
El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, afirmó que «la vida de la acción penal está vigente y corresponde garantizar su continuidad», asegurando que la investigación seguirá activa, ya que no se han cumplido los plazos de prescripción.
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) brindará asistencia prioritaria en todas las pericias necesarias, aplicando tecnología de vanguardia y técnicas científicas avanzadas. Además, la Unidad Fiscal evaluará la necesidad de incorporar un equipo de investigadores especiales, asegurando que ninguno de ellos haya intervenido previamente en el caso.
El crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni sigue siendo una herida abierta para la justicia salteña. La creación de esta Unidad Especializada representa una nueva oportunidad para esclarecer los hechos, dar con todos los responsables y garantizar que el caso reciba el tratamiento que siempre debió tener: uno basado en la verdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.
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