Durante la vigésimo tercera jornada del juicio oral y público contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— dio inicio a la exposición de sus alegatos ante el Tribunal de la Sala VII.
El alegato de apertura estuvo a cargo del fiscal especializado en Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, quien expuso en profundidad las pruebas recolectadas que acreditan el funcionamiento de una red narcocriminal al interior de la Unidad Carcelaria 1. El Ministerio Público Fiscal detalló un sistema de corrupción estructural dentro del penal, en el que funcionarios penitenciarios, internos y familiares articulaban una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, el cobro de favores ilegales y la triangulación de dinero.
“El sistema carcelario es el lugar donde el Estado ejerce su mayor poder sobre una persona. La corrupción institucional en ese ámbito representa la traición más absoluta a la promesa de resocialización”, afirmó Torres Rubelt, al referirse a la mercantilización de cada aspecto de la vida dentro del penal.
A lo largo de más de siete horas, el fiscal explicó cómo la red operaba mediante tres engranajes coordinados: internos, familiares y personal del Servicio Penitenciario. La droga era preparada, acondicionada e ingresada al penal con la complicidad de funcionarios que incumplían su rol de custodia. Las transacciones se realizaban a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias, en algunos casos utilizando identidades de personas con alto grado de vulnerabilidad.
El fiscal resaltó que el trabajo investigativo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), especialmente de las áreas de Delitos Económicos Complejos y Narcocriminalidad, permitió desarticular esta estructura, penetrando las barreras físicas, jerárquicas y funcionales del penal.
En el mismo sentido, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, al continuar con el alegato, abordó el delito de exacciones ilegales por parte de funcionarios del penal. Explicó que se trata de una figura que refleja abuso de poder y corrupción institucional, en perjuicio de personas privadas de libertad que no están en condiciones de resistir las exigencias indebidas.
También explicó que la investigación se inició con denuncias realizadas por internos y familiares, y se consolidó con la denuncia posterior de la entonces directora general del Servicio Penitenciario. El uso de nuevas herramientas investigativas, como la intervención de celulares y el análisis de cuentas bancarias, permitió reconstruir el circuito completo de la organización criminal.
La fiscal resaltó que el caso expone la existencia de una estructura delictiva enquistada en el corazón del sistema penitenciario, con roles definidos, rutas establecidas para el ingreso de droga, mecanismos de cobro, y prácticas sistemáticas de abuso de poder por parte de algunos funcionarios.
Al cierre de la jornada, la Fiscalía retiró la acusación contra tres de los imputados por falta de pruebas o por acreditarse una causal de exclusión de responsabilidad, mientras que reafirmó la imputación de otros por delitos graves como comercialización de estupefacientes agravada, asociación ilícita y exacciones ilegales.
El juicio continuará mañana a las 8:30, con la exposición del resto de los alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino).
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