En un contexto donde millones de jubilados argentinos sufren la pérdida constante de poder adquisitivo, la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial que impide el aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono mínimo a $110.000 mensuales. La votación fue ajustada: 160 votos a favor de mantener el veto, 83 en contra y 6 abstenciones, quedando a solo dos votos de alcanzar los dos tercios necesarios para revertir la medida.
Este rechazo representa un duro golpe para los adultos mayores, que en medio de la inflación y la crisis económica ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Pese a que el proyecto había sido aprobado en junio, la presión del oficialismo sobre gobernadores y legisladores de distintas provincias logró frenar la insistencia y mantener la medida presidencial.
Entre los legisladores que votaron en contra del veto —es decir, a favor del aumento— se destacan los diputados salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega (bloque Innovación Federal), junto a Emiliano Estrada (Unión por la Patria). En cambio, los diputados libertarios Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno votaron a favor de sostener el veto presidencial, alineándose con la postura oficialista.
La diputada Pamela Calletti denunció que “el sistema previsional argentino está quebrado” y afirmó que “los jubilados le pusieron el hombro al país y el país les da la espalda”. Rechazó además que la medida afecte el equilibrio fiscal, señalando que existen fuentes de financiamiento claras para afrontar el aumento.
Por su parte, la oposición no logró superar las divisiones internas ni resistir las presiones políticas que debilitó su postura. Algunos legisladores optaron por la abstención o la ausencia, lo que terminó facilitando el triunfo del oficialismo.
Este episodio refleja una vez más la falta de compromiso político para garantizar derechos básicos a quienes sostienen la sociedad con sus años de trabajo y que hoy enfrentan una realidad cada vez más adversa.
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