La Justicia avanzó a fondo en una de las causas sanitarias más estremecedoras del país: el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, sus hermanos, su madre y toda la cúpula directiva de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó al menos 87 muertes confirmadas.
Este martes, tras una serie de diez allanamientos simultáneos realizados por la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se ejecutaron las órdenes de arresto contra quienes, según la Justicia, integraban el núcleo operativo y técnico de los laboratorios que fabricaban y distribuían el lote letal del fármaco. La lista incluye a Diego y Damián García Furfaro —hermanos del dueño—, a su madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista, y a varios técnicos y directivos clave.
Entre los detenidos se encuentran Javier Tchukran, director general; Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, directores técnicos de los laboratorios; así como Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo, y Rodolfo Labrusciano, director suplente.
La operación judicial fue celebrada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien escribió en su cuenta de X: “Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Se acabó la impunidad”. Horas antes, Bullrich ya había anticipado la inminencia de las detenciones: “Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres”.
El veneno en las ampollas
La causa se originó en abril, cuando un brote de muertes por cuadros infecciosos llamó la atención de las autoridades sanitarias. Las primeras víctimas se registraron en hospitales bonaerenses tras la administración de fentanilo proveniente de HLB Pharma.
Un informe reciente del Cuerpo Médico Forense concluyó que en al menos 12 de los primeros 20 casos analizados, las infecciones por bacterias halladas en las ampollas (como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae) actuaron como “factores concausales” en los desenlaces fatales. En cuatro casos adicionales, se estableció un “nexo causal fortuito”, y otros cuatro aún no pudieron ser definidos por falta de información clínica o inconsistencia en las fechas.
La presión política y una pulseada judicial
La detención de los García Furfaro y su entorno se produce en medio de una intensa controversia política. La Casa Rosada había exigido públicamente al juez Kreplak la inmediata detención del empresario, argumentando un presunto conflicto de intereses por ser hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, uno de los principales compradores de productos del laboratorio.
El Gobierno llegó a amenazar con recusar al magistrado si no avanzaba con el arresto. Kreplak respondió con firmeza: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, dijo en declaraciones a LA NACION.
Pese a los intentos de deslegitimar su rol, el juez aceleró las medidas tras el informe médico forense y la acumulación de pruebas que, según fuentes judiciales, son “contundentes”.
El caso que estremece al país
El fentanilo contaminado ya se cobró al menos 87 vidas, y otras 9 muertes están bajo investigación. La magnitud del caso, sumada a la supuesta negligencia criminal en la producción y distribución de medicamentos contaminados, lo convierte en una tragedia sanitaria sin precedentes en Argentina.
Los acusados enfrentarán cargos que podrían incluir homicidio culposo agravado, adulteración de medicamentos, encubrimiento y asociación ilícita.
Mientras avanzan las detenciones, las familias de las víctimas esperan justicia. El país observa con atención el desenlace de una causa que mezcla tragedia, poder, negligencia y un reclamo unánime: que no haya impunidad para los responsables de envenenar la salud pública.
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