En una nueva reunión de la Comisión de Discapacidad, diputados de diversos bloques opositores lanzaron una fuerte ofensiva política y legislativa contra el Gobierno nacional por el escándalo en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), a raíz de los audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo que comprometerían directamente a funcionarios del entorno presidencial, incluida Karina Milei.
El presidente de la comisión, Daniel Arroyo, anticipó que la próxima semana se debatirá un proyecto de ley para restituir las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja durante la gestión de Spagnuolo, y se comenzará a trabajar en una reforma profunda de la ANDIS.
“Vamos a avanzar con la restitución inmediata de derechos que nunca deberían haberse recortado”, afirmó Arroyo.
Los audios de la vergüenza: denuncias cruzadas y silencio oficial
La oposición giró a Asuntos Constitucionales (comisión presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que acumula denuncias por frenar el tratamiento de causas sensibles) una serie de proyectos que buscan interpelar a funcionarios por los audios de Spagnuolo, en los que se alude a un presunto esquema de recaudación ilegal en el área de discapacidad.
En esos audios, el exfuncionario menciona directamente a Karina Milei, a quien —según los dichos— se le estaría “defendiendo un porcentaje” de retornos ilegales. La gravedad de las acusaciones, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta institucional por parte del oficialismo.
“En dos semanas el Gobierno no logró articular una sola frase: ‘no hubo corrupción’. Ni siquiera eso. Y el nombre que conecta todos los escándalos de este Gobierno es Karina Milei”, lanzó Esteban Paulón, del Partido Socialista.
Durante el debate, Paulón y otros legisladores denunciaron el discurso oficialista que estigmatizó a las personas con discapacidad, acusándolas de “hacer trampa” o “vivir de privilegios”.
“Se estigmatizó, se maltrató, se hicieron auditorías fantasmas, se enviaron notificaciones falsas para cortar pensiones. Es una persecución a los más vulnerables”, denunció Paulón.
Eduardo Valdés fue más allá, señalando que Federico Sturzenegger, actual funcionario presidencial, habría ordenado desmantelar el área de auditoría de la ANDIS —pasando de 16 personas a solo 4—, facilitando el recorte masivo sin verificación real de los casos.
“¿Así auditaron a 110 mil personas? No. Fue una operación de recorte y encubrimiento”, denunció.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo subrayó la magnitud política del escándalo y lo que representa en términos simbólicos:
“Congelan prestaciones, eliminan 110 mil pensiones, pero sí hay plata para coimas. El relato se cayó. La casta son ellos: la empresarial, la política del ajuste, la que lucra con la salud y la discapacidad”.
Natalia Sarapura, de la UCR, y Natalia de la Sota, de Encuentro Federal, coincidieron en que el caso expone una hipocresía estructural del oficialismo: “Hablan de combatir la corrupción, y están hasta el cuello en un sistema de retornos y recortes crueles”, sentenciaron.
Karina Milei en el centro de las sospechas (y del silencio oficial)
La tensión política escaló aún más cuando se volvió a señalar a Karina Milei, acusada de intentar censurar la difusión de los audios y de judicializar periodistas que los difundieron, en un intento por frenar el escándalo.
“Pidió a un juez que viole abiertamente la Constitución. Eso se llama censura previa, y eso es delito”, disparó Paulón.
“Este Gobierno quiere cerrar el Congreso, vaciar la democracia. Y si tenemos que crear 100 comisiones investigadoras, las creamos. No van a tapar esta vergüenza”, sumó Sabrina Selva (UP).
La reunión concluyó con un fuerte cruce entre diputados del oficialismo y legisladores de Unión por la Patria. La demanda generalizada fue que el Congreso retome su rol de control institucional, exigiendo respuestas inmediatas del Gobierno.
“No es un problema técnico, es un escándalo político. Karina Milei va a tener que venir al Congreso. No se pueden esconder atrás de la impunidad presidencial para siempre”, advirtieron.
El caso ANDIS y los audios de Spagnuolo han abierto una caja de Pandora que no solo expone recortes masivos y arbitrarios de pensiones por discapacidad, sino que también salpica directamente a Karina Milei y al círculo más íntimo del poder presidencial. La presión legislativa crece, y la oposición parece dispuesta a forzar al Congreso a actuar.
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