Durante la audiencia, se abstuvo de declarar y presentará su descargo por escrito.
En febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya Eliana Verchán, radicó una denuncia asegurando que auditoría mediante, pudo determinar un faltante de $7.773.758,89 en las arcas municipales.
Detalló también, que finalizado el mandato del ex Intendente Alfredo Soto en 2019, ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
Fue así como de la investigación realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, se estableció la existencia de tres cheques librados por Soto a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000, que fueron cobrados por él mismo sin presentar una rendición de cuentas.
También se verificó que en el período 2015/2019, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente a rendir de $5.878.073,43.
De las investigaciones realizadas, surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al entonces Intendente.
De acuerdo al material probatorio existente, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió imputar al ex Intendente, por el delito de peculado (dos hechos).
Durante la audiencia, el ex mandatario de Iruya se presentó con un abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque presentará su descargo por escrito.
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