En su rol como diputada nacional la representante salteña, María Emilia Orozco ha presentado 70 proyectos en la Cámara de Diputados durante 2024. Sin embargo, un análisis detallado de su producción legislativa revela un enfoque que, aunque prolífico en cantidad, deja serias dudas sobre su profundidad, relevancia y verdadera intención transformadora.
Entre las iniciativas de Orozco destacan propuestas polémicas como la derogación de la Ley 26160, que garantiza la emergencia territorial indígena, y la disolución del Instituto Nacional de la Música (INAMU), junto con la intención de privatizar Radio y Televisión Argentina (RTA). Estas iniciativas no solo carecen de consenso amplio, sino que plantean retrocesos en derechos adquiridos y un debilitamiento de instituciones clave en la promoción cultural y la protección de minorías.
Proyectos simbólicos y de bajo impacto
En contraste, Orozco también ha presentado iniciativas que resultan, cuanto menos, cuestionables por su falta de trascendencia. Entre ellas, expresar beneplacito por el debut en la Formula 1 del piloto argentino Franco Colapinto con el equipo Williams…en el Autodromo Nazionale Di Monza, Italia. Aunque el deporte y la cultura merecen reconocimiento, cabe preguntarse si la Cámara de Diputados es el foro adecuado para tratar estos temas mientras el país enfrenta crisis urgentes.
De manera similar, otras propuestas, como declarar de interés el “Día del Graduado en Comunicaciones” o expresar beneplácito por eventos deportivos y culturales, parecen desconectadas de las necesidades de sus representados en Salta y del panorama nacional.
El visible desequilibrio entre proyectos de alto perfil mediático y otros de carácter simbólico refuerza la percepción de que la diputada está más interesada en ocupar espacio en la agenda pública que en trabajar en soluciones concretas.
Un tema recurrente en los proyectos de Orozco es la seguridad, con iniciativas que aumentan penas por delitos específicos o restringen derechos fundamentales. Propuestas como la modificación del artículo 34 del Código Penal para ampliar la legítima defensa o el incremento de penas por contrabando de estupefacientes apelan a un discurso de mano dura que, aunque atractivo para ciertos sectores, no aborda las raíces estructurales de la inseguridad ni genera soluciones sostenibles.
Si bien su rol como diputada debería implicar un equilibrio entre representar a Salta y aportar al debate nacional, Orozco parece estar más interesada en generar titulares que en construir consensos. Propuestas como la creación de una comisión para detectar consumo de drogas en candidatos a cargos electivos parecen responder más a una agenda personalista que a un proyecto colectivo.
¿Dónde están las soluciones?
En un contexto nacional marcado por la crisis económica, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones, los representantes deben ofrecer respuestas claras y efectivas. La labor de Emilia Orozco, aunque visible, parece quedarse en lo superficial, sin atacar los problemas de fondo que afectan a la ciudadanía.
La diputada tiene aún tiempo para demostrar que su gestión puede ir más allá de los discursos grandilocuentes y las propuestas mediáticas. Por ahora, su desempeño refleja más ruido que nueces.
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