Con el foco puesto en la responsabilidad parental y la necesidad de reforzar mecanismos que promuevan el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, el Senado de Salta aprobó este jueves la incorporación de nuevas restricciones al Registro de Deudores Morosos.
Con sanción definitiva, el proyecto modifica la Ley 7411 e incorpora los incisos e) y f) al artículo 4° bis, estableciendo que las personas inscriptas en el registro no podrán ingresar a eventos culturales o deportivos pagos, ni a casinos o salas de juego. La iniciativa ya fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Se trata de sanciones ejemplificadoras para quienes eluden su obligación alimentaria. Buscamos equilibrar una situación profundamente injusta”, afirmó el senador Javier Mónico, uno de los impulsores del proyecto.
¿Qué cambia con esta ley?
Con esta nueva normativa, quienes sean declarados judicialmente como deudores alimentarios morosos pasarán a tener restricciones concretas en el ámbito social y recreativo:
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No podrán asistir a espectáculos deportivos o culturales con entrada paga.
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Tampoco podrán ingresar a casinos o salas de juego dentro del territorio provincial.
La medida busca ejercer presión sobre quienes incumplen con el pago de cuotas alimentarias, reforzando el mensaje de que el abandono económico no puede ser socialmente tolerado.
“El desgaste es enorme, especialmente para las madres que crían solas. A veces ni siquiera con una sentencia firme se logra que el progenitor cumpla. Esto busca aliviar ese camino y poner a la sociedad del lado de quienes sí cumplen”, explicó Mónico durante su intervención.
Una realidad silenciada, pero frecuente
Aunque no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre la cantidad de deudores alimentarios en Salta, los legisladores coinciden en que se trata de una problemática extendida, que genera frustración y descreimiento en el sistema judicial.
El incumplimiento de estas obligaciones no solo agrava la desigualdad económica, sino que revictimiza a mujeres e infancias, que suelen afrontar solas las cargas materiales y emocionales de la crianza.
“Muchas veces, quienes incumplen siguen llevando una vida normal, incluso de disfrute, mientras sus hijos o hijas ven cómo su madre se desvive para cubrir lo básico. Eso es profundamente injusto”, señaló el senador.
Un paso hacia la justicia con perspectiva de género
La medida fue bien recibida por distintos sectores sociales, especialmente aquellos que trabajan en temáticas de género, infancia y derechos familiares. El objetivo es claro: presionar desde lo simbólico y lo práctico a quienes sistemáticamente se niegan a cumplir con una obligación que, además de legal, es moral y humana.
Ahora, resta la promulgación del Poder Ejecutivo provincial, que deberá reglamentar cómo se aplicarán las restricciones, cómo se verificará el acceso a los eventos y qué mecanismos utilizarán los organizadores para impedir el ingreso de personas incluidas en el registro.
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