El ex legislador salteño Luis Gerónimo Cisneros fue imputado por contrabando agravado y asociación ilícita, junto a otros cinco implicados, en una investigación federal que destapó una red de transporte ilegal de granos hacia Bolivia. La causa, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti de la Sede Descentralizada de Tartagal, también incluye una orden de captura nacional e internacional contra Pablo Arequipa, socio comercial de Cisneros, actualmente prófugo.
El operativo se formalizó el viernes pasado ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien dio curso a la imputación por contrabando agravado, considerando el elevado monto involucrado y el número de personas que participaron en la organización. Además, dictó prisión preventiva para Cisneros y otros cuatro acusados, entre ellos tres choferes, un asesor legal y el encargado de un depósito.
La investigación comenzó en 2024 tras reportes internos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectaron múltiples operaciones de transporte de granos con documentación apócrifa, vinculadas a una empresa propiedad de Cisneros. Según la fiscalía, se estima que se movieron más de 15 millones de kilos de granos hacia un depósito en Salvador Mazza, cuya parte trasera conecta directamente con Bolivia, lo que permitió el presunto contrabando.
La fiscal Orsetti detalló que la firma y sus responsables están relacionados con al menos once expedientes por irregularidades similares. La investigación derivó en varios allanamientos simultáneos realizados el martes pasado con intervención de Gendarmería Nacional. En ellos se detuvo a seis personas y se incautó una gran cantidad de mercadería, documentación, teléfonos celulares y casi $70 millones en granos.
El caso continúa bajo secreto parcial, mientras se realizan pericias clave y se profundiza la búsqueda del socio prófugo, que habría sido parte estructural de las maniobras.
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