La Fiscalía solicitó penas de hasta 4 años y 8 meses para los exfuncionarios kirchneristas y un empresario por graves irregularidades en la compra de GNL que provocaron un daño millonario a las arcas públicas. Se exigió también la restitución de más de cinco millones de dólares.
Una causa que expone, con crudeza, el precio de la corrupción estructural en el manejo de fondos públicos llegó a una instancia clave: la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal pidió penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión para el exministro Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta, y el empresario Roberto Nicolás Dromi San Martino, por su rol en maniobras fraudulentas durante la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco del Programa Energía Total.
La fiscal Fabiana León, acompañada por el auxiliar fiscal Nicolás Codromaz, sostuvo que los imputados “delinquieron con plena conciencia de su rol institucional”, actuando en abuso de su posición pública para beneficiar a empresas sin antecedentes técnicos y a personas allegadas a ellos, con un perjuicio para el Estado estimado en más de 5,5 millones de dólares.
Un esquema sistemático de fraude
Durante su alegato, la fiscal explicó que los exfuncionarios omitieron deliberadamente ejercer sus deberes de control y supervisión sobre ENARSA, la empresa estatal encargada de adquirir el gas importado. Esa inacción permitió la contratación de intermediarios privados sin licitación, que percibieron comisiones millonarias por operaciones que, según la normativa vigente, debía realizar directamente el Estado.
Las compras se hicieron a través de firmas como Diligentia S.A. y Dromi San Martino Consultores (DYSAN), sin justificación técnica ni procedimiento competitivo, infringiendo leyes clave como la de Administración Financiera y la de Ética Pública.
“Fue una desviación estructural de fondos, con una lógica sistemática de tercerización innecesaria, y una inobservancia grave del deber de cuidado funcional”, sentenció León.
Los pedidos de pena
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Julio De Vido: 4 años y 8 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Roberto Baratta: 4 años y 6 meses, también con inhabilitación perpetua.
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Roberto Nicolás Dromi San Martino: 4 años de prisión como partícipe necesario.
Además, la fiscalía pidió que los imputados restituyan al Estado los 5.523.344,50 dólares percibidos injustificadamente en concepto de comisiones, además de embargar sus bienes y decomisar el dinero incautado en los allanamientos.
También se solicitó la prohibición de salida del país para Baratta y Dromi San Martino, que continúan en libertad, así como la entrega de sus pasaportes y la obligación de someterse al proceso judicial.
Origen de la causa
La investigación se inició tras denuncias presentadas en 2014 por ONGs y legisladores de la oposición, y fue impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Se investiga la adquisición de 11 cargamentos de GNL entre 2008 y 2009 por un monto superior a los 380 millones de dólares, de los cuales más de cinco millones fueron desviados mediante comisiones injustificadas.
Varios actores clave del proceso, como los expresidentes de ENARSA y de DYSAN, Exequiel Espinosa y José Roberto Dromi, fallecieron antes del inicio del juicio oral.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, continuará el martes 26 de agosto con los alegatos de las defensas de los tres imputados. Si el tribunal da lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, será uno de los pocos casos de corrupción que concluya con una condena efectiva contra figuras de alto rango del extinto Ministerio de Planificación.
Mientras tanto, la pregunta que resuena es si este caso marcará un verdadero precedente contra la impunidad o quedará como otro capítulo más en la larga saga de la corrupción argentina.
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