Ocho años después del brutal crimen que conmovió a Vaqueros, este miércoles 24 de septiembre comienza el juicio contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, acusados como coautores del femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017.
La audiencia de debate, a cargo del Tribunal integrado por José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, se extenderá hasta fines de octubre y será transmitida en vivo por streaming del Poder Judicial.
Los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González conforman una Unidad Fiscal creada por el procurador general Pedro García Castiella, representan al Ministerio Público Fiscal y sostienen que los acusados actuaron con alevosía, ensañamiento, criminis causa y premeditación, valiéndose incluso de una mascota para generar confianza en la víctima antes de atacarla.
Según la investigación, los hermanos Saavedra ingresaron a la vivienda de barrio San Nicolás con fines de robo y sometieron a Jimena Salas a un ataque feroz con más de un arma blanca. La mujer intentó defenderse, pero sufrió múltiples heridas que derivaron en su muerte, mientras sus hijas pequeñas estaban en la casa.
Las pruebas reunidas son abrumadoras: perfiles genéticos en distintas áreas del inmueble, pertenencias robadas halladas en domicilios de los acusados, registros de cámaras de seguridad y testimonios que vinculan a los imputados con un modus operandi previo en la misma zona. Se pudo establecer que, días antes, uno de los imputados proporcionaba a las mujeres con las que entablaba contacto un número de teléfono celular. Según se determinó posteriormente en la investigación, este numero telefónico coincidía con una línea registrada a su nombre, con la sola diferencia de un dígito intercalado, según corroboró la empresa prestataria.
También pesan informes psicológicos que describen rasgos violentos, falta de empatía y peligrosidad hacia las mujeres.
El primer juicio
Dos años después del crimen, en 2019, una primera Unidad de fiscales apuntó contra Sergio Horacio Vargas, un vendedor ambulante conocido como “Porteño”, a quien detuvieron como presunto partícipe necesario del asesinato. En paralelo, el viudo, Nicolás Federico Cajal Gauffín, fue imputado como encubridor. El proceso llegó a debate en mayo de 2021, cuando la fiscalía planteó la hipótesis de que Jimena había sido asesinada para encubrir un supuesto negociado vinculado a drogas o lavado de dinero. Sin embargo, en el juicio no pudo sostener su teoría.
El 26 de mayo de 2021, el tribunal integrado por Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman absolvió a ambos imputados bajo el beneficio de la duda. Vargas fue absuelto del delito de homicidio cuádruplemente calificado y Cajal Gauffín del delito de encubrimiento agravado. Ambos recuperaron su libertad y, además, el tribunal rechazó la demanda civil que buscaba una indemnización para las hijas de la víctima.
El fallo quedó firme porque desde la Procuración, en ese entonces a cargo de Abel Cornejo, dejaron vencer los plazos de apelación.
El día del crimen
El 27 de enero de 2017, Jimena Salas regresó a su casa en Vaqueros al mediodía, luego de asistir a clases de natación en el centro de Salta. De acuerdo con el testimonio de vecinos que declararon en el juicio, fue abordada por un joven bien vestido, que se movilizaba en un auto oscuro y llevaba consigo un caniche marrón. El muchacho habría preguntado si el animal pertenecía a alguien del barrio, bajo el argumento de que casi lo había atropellado.
Jimena, reconocida por su amor hacia los animales, no dudó en dejarlo pasar, a pesar de ser cuidadosa con la seguridad de su hogar. Sin saberlo, le abrió la puerta a quien sería señalado como su presunto asesino.
Horas más tarde, su esposo, Nicolás Federico Cajal Gauffín, encontró la escena al regresar de su trabajo en una casa de electrodomésticos. En medio de la desesperación, mientras llamaba al 911, halló a sus dos hijas pequeñas escondidas y encerradas en el baño. Para él, siempre se trató de un intento de robo, aunque nunca pudo explicar por qué la vivienda no presentaba faltantes.
La causa, reactivada en 2022 con una Unidad Fiscal especial, llega ahora a la instancia de juicio oral tras años de demoras, postergaciones y reclamos de justicia. Las hijas de Jimena, que en aquel entonces eran niñas, siguen esperando que se dicte una condena que cierre un capítulo doloroso y emblemático en la lucha contra la violencia de género en Salta.
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