El juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo entra en su tramo final con un dato que reconfigura el escenario: la pericia contable incorporada en las últimas audiencias expuso un esquema de administración sin controles básicos, con uso intensivo de efectivo y ausencia de registros formales. El lunes comenzarán los alegatos.
En el banquillo están el exintendente Ernesto Fernando Gonza, el exsecretario de Hacienda Rogelio Higinio Guaymás y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, acusados por distintos delitos contra la administración pública. El proceso es llevado adelante por un tribunal colegiado presidido por Federico Diez, con la intervención de la fiscal Claudia Geria, quien lleva adelante la acusación representandosela oa la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
El elemento que marca un punto de inflexión es el informe de la perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Su exposición técnica no solo detalló irregularidades, sino que describió un sistema de gestión que, según la acusación, operaba por fuera de los mecanismos legales mínimos.
Entre los hallazgos más relevantes aparece la inexistencia de Cuentas Generales del Ejercicio en años clave, la falta de registros de ejecución presupuestaria y la imposibilidad de reconstruir el destino de los fondos públicos. A esto se suma la ausencia de documentación respaldatoria en contrataciones: no se detectaron licitaciones ni procedimientos formales para la compra de bienes.
El manejo de dinero en efectivo surge como otro eje crítico. Según la pericia, se utilizaban vales y recibos sin respaldo suficiente para registrar salidas de fondos, sin controles como arqueos de caja o conciliaciones bancarias. En ese contexto, también se identificaron gastos bajo conceptos ajenos a la administración pública, incluyendo referencias a actividades de campaña.
El informe también advirtió sobre la falta total de control patrimonial: no había inventarios ni registros que permitieran rastrear bienes adquiridos por el municipio. En paralelo, se detectaron incumplimientos en el depósito de ingresos y en la transferencia de retenciones impositivas, generando deudas que luego debieron regularizarse.
La causa se originó tras una auditoría impulsada por la gestión que sucedió a Gonza, que detectó inconsistencias en el manejo de los recursos municipales. A partir de allí, la investigación avanzó hasta derivar en este juicio, donde se analizan posibles maniobras de disposición discrecional de fondos públicos.
Con los últimos testigos ya presentados, el proceso ingresa en su fase decisiva. Entre lunes y martes se desarrollarán los alegatos de las partes, instancia previa al veredicto.
El juicio no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también deja expuesta una discusión más amplia: cómo funcionan —o fallan— los mecanismos de control en las administraciones locales cuando no hay registros, ni trazabilidad, ni rendición de cuentas.
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