El juicio oral que se lleva adelante contra 20 personas acusadas de integrar una red narcocriminal en el Servicio Penitenciario de Salta ha dejado en evidencia no solo prácticas ilegales sistemáticas, sino también la urgente necesidad de control institucional. Así lo expresó el abogado y referente en derechos humanos Rodrigo Solá, quien, al analizar el proceso, fue contundente:
“Cuando no se investiga y no se sanciona, se garantiza la impunidad”.
Rodrigo Solá, presidente del Comité de Prevención de la Tortura advirtió que lo que está saliendo a la luz en estas jornadas judiciales no solo expone responsabilidades individuales, sino que revela un funcionamiento estructuralmente viciado en el sistema penitenciario salteño.
“Siempre es importante que exista un organismo de control judicial. Estas estructuras verticales, que a veces reproducen lógicas cuasi militares, requieren de límites institucionales claros”, remarcó.
El juicio —que ya lleva ocho audiencias— está centrado en una presunta red de tráfico de drogas, celulares y beneficios penitenciarios dentro de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas. Entre los imputados hay funcionarios penitenciarios, internos y familiares, y los testimonios recogidos hasta ahora apuntan a una estructura consolidada de corrupción y violencia institucional.
Solá, en sintonía con lo expuesto por los Fiscales, hizo énfasis en el impacto humano de este entramado delictivo:
“Esto no solo afecta a los internos, sino también a los agentes penitenciarios, cuya integridad física y psíquica queda comprometida. La falta de control interno permite que el abuso se convierta en regla y no en excepción”.
El desafío de transformar el sistema
Frente a esta situación, el especialista también propuso una reforma urgente de la ley orgánica del sistema penitenciario salteño, para desarticular las lógicas de opacidad y verticalismo extremo que hoy favorecen estas prácticas.
“Mientras las cárceles funcionen como espacios cerrados a la supervisión, sin transparencia y sin controles reales, estos hechos se van a seguir repitiendo”, concluyó.
Con declaraciones firmes y sin eufemismos, Rodrigo Solá coloca el foco donde debe estar: en la responsabilidad institucional. El juicio en curso no solo busca castigar delitos, sino también marcar un antes y un después en la forma en que se entiende, gestiona y controla el sistema penitenciario en Salta.
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