El proceso judicial contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta entra en su etapa final. La próxima semana continúan las declaraciones y comienzan los alegatos.
En el cierre de la quinta semana del juicio por los hechos ocurridos en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta, este viernes declararon cuatro de los imputados, mientras que la Fiscalía anunció cambios clave en las acusaciones, en un proceso que revela una red compleja de comercialización de drogas y delitos de corrupción dentro del penal.
Durante la audiencia, se escucharon los testimonios de Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez, quienes hicieron uso de su derecho a declarar. El juicio está a cargo de la Unidad Fiscal conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Cambio en la calificación de dos imputadas
Antes de iniciar los testimonios, la Fiscalía informó una modificación en la acusación contra Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores, quienes pasaron de estar imputadas como coautoras a ser consideradas partícipes necesarias en el delito de comercialización de estupefacientes agravado, tanto por el número de personas involucradas como por haberse cometido dentro de un establecimiento carcelario.
Se amplía una acusación por exacciones ilegales
A partir de lo declarado por un testigo durante la jornada, la Fiscalía también amplió la acusación contra Marcos Matías Bucotich, a quien se le incorpora un nuevo hecho de exacciones ilegales agravadas (concusión), es decir, la exigencia indebida de dinero o beneficios por parte de un funcionario en ejercicio de su cargo.
El juicio continuará este lunes 8 de septiembre, cuando declararán otros imputados, mientras que el martes 9 está previsto el inicio de los alegatos de las partes, en lo que será una etapa clave para el futuro del caso, que ya lleva cinco semanas de audiencias y múltiples testimonios de internos y familiares.
Un juicio con fuerte impacto institucional
El caso pone en foco la presunta connivencia entre personal penitenciario y redes de narcotráfico internas, con graves denuncias por corrupción, manejo de estupefacientes y abuso de poder dentro de la cárcel.
El avance del proceso judicial es seguido con atención tanto por la Justicia, como por organismos de derechos humanos, en un contexto donde la transparencia y el control institucional dentro del sistema penitenciario salteño están bajo la lupa.
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