Mientras el país atraviesa una crisis terminal en materia de discapacidad, con recortes, corrupción y abandono oficial, la Municipalidad de Salta toma una medida concreta y ejemplar: exime del Impuesto Automotor a los transportes especiales por un año.
En un país donde la discapacidad parece haberse convertido en una carga olvidada por el Estado nacional —y donde los escándalos de corrupción son moneda corriente—, una buena noticia llega desde la Municipalidad de Salta, que anunció la exención del 100% del Impuesto a la Radicación de Automotores para los vehículos destinados al Servicio de Transporte Especial de personas con discapacidad.
La medida tiene vigencia por un año y puede renovarse. Aplica exclusivamente a los prestadores de servicios que trasladan a personas con discapacidad hacia tratamientos médicos, terapias de recuperación, rehabilitación o centros educativos. Un gesto que, sin ser una solución definitiva, ofrece un respiro real a quienes siguen sosteniendo servicios esenciales en medio de una parálisis nacional.
“Es una decisión que reconoce el esfuerzo de quienes garantizan derechos todos los días. En este contexto tan adverso, esto es más que un alivio: es un acto de justicia”, expresó una prestadora beneficiaria.
¿Quiénes pueden acceder a la exención?
Solo los servicios debidamente acreditados y cuyos vehículos estén destinados de forma exclusiva y permanente al traslado de personas con discapacidad. El trámite se inicia en el Centro Cívico Municipal o en la oficina de Rentas de calle 25 de Mayo 846.
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Descargar o retirar el formulario de exención desde:
👉 https://municipalidadsalta.gob.ar -
Presentar junto al formulario:
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Fotocopia del DNI del licenciatario
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Título del automotor
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Certificado de libre deuda del automotor y de tránsito
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Habilitación vigente emitida por Transporte Público Impropio y Taxiflet
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Comprobante de pago del canon anual (completo o en cuota)
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En caso de tener más de una licencia, comprobantes de pago de los sellados de chofer correspondientes
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Una vez presentado el expediente, la Dirección General de Rentas evaluará el caso y emitirá una resolución de exención si corresponde. El beneficio rige hasta el 31 de diciembre de este año y podrá renovarse anualmente.
Mientras Salta alivia, Nación abandona
La decisión municipal resalta aún más cuando se la pone en perspectiva: más de 120.000 pensiones por discapacidad fueron dadas de baja a nivel nacional, en una política que combinó recortes indiscriminados, sobreprecios del 27% en medicamentos, y corrupción estructural en la Agencia Nacional de Discapacidad, eyectando incluso a su director, Diego Spagnuolo.
Los pagos están suspendidos, los aranceles congelados desde 2023 y las prestaciones básicas en riesgo de desaparecer. Una sesión de kinesiología, por ejemplo, se paga apenas 3.200 pesos, mientras que la inflación interanual supera el 155%.
“La motosierra cortó sin mirar: se llevaron puestas pensiones bien otorgadas y a los centros que aún sostenían la asistencia”, denunció una referente del sector.
En este contexto de violencia moral, administrativa y económica, lo hecho por Salta no es menor. Mientras en Buenos Aires se juega a la política, la Municipalidad de la Ciudad de Salta pone el cuerpo y responde con una herramienta concreta a los que siguen, contra viento y marea, sosteniendo el derecho de las personas con discapacidad a vivir con dignidad.
No es una solución mágica. Pero sí un gesto poderoso, en el que una administración municipal —con recursos limitados— hace más que todo un Estado nacional paralizado por sus propias miserias.
¿Y si otras ciudades tomaran nota? Tal vez, desde lo local se pueda comenzar a construir el país que la Nación parece haber olvidado.
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