La Cámara de Diputados de Salta volverá a discutir este martes uno de los proyectos más polémicos en materia de seguridad: la implementación de armas eléctricas no letales dentro de la Policía provincial.
La iniciativa fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza, espacio opositor al gobierno de Gustavo Sáenz, y propone habilitar el uso de pistolas Taser bajo protocolos específicos y regulación del Ministerio de Seguridad.
El proyecto llega sin dictámenes de comisión y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Salta nunca terminó de cerrarse: hasta dónde puede avanzar el Estado en el uso de herramientas de coerción bajo la bandera de la seguridad.
El dato político: la oposición busca marcar agenda
La iniciativa no surge del oficialismo provincial, sino de diputados libertarios que buscan instalar un discurso más duro en materia de seguridad y empujar al saencismo hacia una definición incómoda.
Porque detrás del debate técnico aparece una disputa política: quién capitaliza la demanda social por seguridad y quién queda asociado a posiciones “blandas” frente al delito.
Los autores del proyecto sostienen que las armas eléctricas representan una herramienta “intermedia” que permitiría reducir el uso de armas de fuego y proteger tanto a efectivos policiales como a civiles.
Un debate que ya dividió aguas en 2023
La discusión ya había explotado en 2023, cuando la Legislatura aprobó una declaración impulsada por sectores alineados con políticas de “mano dura” para solicitar pistolas Taser para la Policía salteña.
Ahora, el tema regresa en un contexto más áspero: crecimiento de discursos punitivos, presión social por hechos de inseguridad y cuestionamientos persistentes por violencia institucional.
El punto ciego: el historial policial en Salta
El proyecto habla de protocolos, gradualidad y uso racional de la fuerza. Sin embargo, las críticas apuntan a otro lugar: el historial de denuncias contra fuerzas de seguridad provinciales.
Sectores de derechos humanos advierten que incorporar Taser sin fortalecer controles internos, capacitación y mecanismos de supervisión puede ampliar herramientas represivas en una estructura policial que ya acumula cuestionamientos por abusos y excesos.
Ahí aparece el núcleo más sensible del debate.
“No letales”, pero con antecedentes fatales
Aunque las Taser son presentadas como armas “no letales”, organismos internacionales y especialistas vienen advirtiendo desde hace años sobre los riesgos de su utilización.
Existen antecedentes de muertes asociadas a descargas eléctricas en distintos países, especialmente en personas con problemas cardíacos, consumo problemático o situaciones de vulnerabilidad extrema.
Por eso, organizaciones de derechos humanos incluso cuestionan que sean catalogadas como herramientas inocuas.
Seguridad, política y construcción de poder
La discusión excede el aspecto policial. También funciona como termómetro político.
La oposición libertaria intenta instalar una agenda de endurecimiento en seguridad y obliga al oficialismo provincial a posicionarse en un terreno donde el costo político puede ser alto tanto por aprobar como por rechazar.
Porque en la práctica, el debate sobre las Taser no es solo sobre un arma.
Es sobre qué modelo de seguridad quiere construir Salta y qué límites está dispuesta a ponerle al poder policial.
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