La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo provincial. Con el argumento de agilizar la justicia y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la iniciativa fue defendida como un paso hacia una justicia “más cercana”, basada en la oralidad y el dinamismo procesal. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados advierten sobre vacíos normativos, contradicciones constitucionales y una implementación que podría resultar caótica.
La legisladora Socorro Villamayor fue la encargada de presentar el proyecto en el recinto. Resaltó que la propuesta, enviada por el gobernador en julio, fue trabajada junto a actores del sistema judicial y toma como referencia las reformas implementadas en Jujuy y Tucumán. “No es improvisado. Queremos dejar atrás al juez como ‘gobernante de un plantel’, y avanzar hacia un sistema donde el foco esté en la oralidad y el dinamismo del proceso”, explicó.
Entre las principales modificaciones figura la creación de Oficinas Judiciales, la conformación de Colegios de Jueces y una mayor autonomía para el Ministerio Público Fiscal. En teoría, todo orientado a una justicia más ágil. En los papeles, un avance. En la práctica, un terreno resbaladizo.
Críticas técnicas y constitucionales
Desde el Colegio de Abogados de Salta, el consejero Alejandro Pomares celebró ciertos aspectos, como las audiencias remotas y la oralidad en todo el proceso. Pero no ocultó su preocupación: “Esto no puede ser una carrera por mostrar modernidad. Hay puntos críticos que, si no se corrigen, pueden entorpecer más que mejorar”.
Uno de los principales cuestionamientos es la exclusión del juicio por jurados. “Se mantiene un sistema procesal paralelo. Integrarlo era fundamental para evitar duplicidades que generan confusión y lentitud”, señaló.
También generaron alarma las denominadas “apelaciones horizontales”, que permiten que medidas sensibles como la prisión preventiva sean revisadas por jueces del mismo rango. “Eso contradice el principio constitucional de revisión por un tribunal superior. Además, en lugares como Orán, donde hay pocos jueces, puede llevar al colapso del sistema”, advirtió Pomares.
El Colegio también llamó la atención sobre la redacción de los artículos relacionados con la prisión preventiva. “Si no son lo suficientemente restrictivos, pueden abrir la puerta a abusos. La prisión preventiva es la excepción, no la regla. La libertad debe ser el punto de partida”, insistió.
¿Justicia moderna o reforma apresurada?
Otro aspecto problemático es la falta de precisión sobre los plazos procesales: ¿son días hábiles o corridos? ¿Desde cuándo se computan? ¿Qué sucede en feriados largos o recesos judiciales? La ambigüedad legislativa, advierten, puede convertirse en una trampa jurídica.
Desde el Colegio propusieron incorporar acuerdos parciales en juicios abreviados con múltiples imputados, algo ya vigente en la justicia federal pero ausente en el nuevo esquema salteño. También reclamaron inversiones en tecnología antes de la implementación. “No hay red. Y esto no es un plan piloto: una vez sancionado, rige para toda la provincia”, advirtió Pomares.
El Senado, última parada antes del cambio
La media sanción obtenida en Diputados marca el avance de una reforma profunda que cambiará el modo de administrar justicia penal en Salta. Pero las advertencias no son menores: el apuro puede hacer tropezar incluso a las buenas intenciones.
El Senado tendrá ahora la responsabilidad de revisar con lupa una iniciativa que, aunque busca modernizar el sistema, podría —si no se ajusta— generar nuevos nudos en lugar de desatarlos.
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