El anuncio del gobernador Gustavo Sáenz de reducir impuestos y eliminar tasas en Salta no solo marca un hito fiscal sino también político. En un país tensionado por el ajuste, la inflación y la recesión, una provincia que logra superávit, baja la carga tributaria y promete dinamismo económico llama la atención. Pero más allá de los titulares y aplausos inmediatos, el verdadero desafío es que estas medidas no se conviertan en un alivio efímero, sino en una política estructural y sostenida.
Reducir un 20% el impuesto sobre los Ingresos Brutos en sectores como comercio, hotelería y gastronomía —los más afectados por la presión fiscal— es un gesto significativo hacia el sector privado. También lo es la eliminación de 29 tasas provinciales y la simplificación del régimen para pequeños contribuyentes, que permitirá a los monotributistas salteños ahorrarse alrededor de 800.000 declaraciones juradas al año. En la práctica, esto representa tiempo, dinero y menos frustración.
Pero no hay magia detrás de esta reforma. Gustavo Sáenz y su ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, basan su capacidad de reducir impuestos en cinco años consecutivos de equilibrio fiscal. Esa consistencia, que incluye superávits del 2,5% en 2024, permite ahora redirigir recursos hacia tres objetivos clave: cancelar pasivos, sostener la obra pública y aliviar la carga tributaria. Esta lógica de no gastar más de lo que ingresa parece simple, pero se ha vuelto una rareza en muchas administraciones públicas argentinas.
Sin embargo, la reducción impositiva no es en sí una política de desarrollo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Su efectividad dependerá de cómo responda el sector privado: si invierte, si genera empleo, si formaliza. También dependerá de que el Estado mantenga su capacidad de financiar salud, educación y seguridad sin caer en desequilibrios futuros. La disciplina fiscal no debe ser una postal para lucir en actos oficiales, sino una herramienta para construir una economía provincial estable.
Tampoco hay que perder de vista que muchas de las tasas eliminadas eran de bajo impacto recaudatorio pero de alto costo burocrático. En ese sentido, más que una pérdida fiscal, su eliminación puede ser leída como una racionalización del sistema. No obstante, el paquete incluye también medidas sectoriales con intencionalidad política clara: exenciones para agencias de viaje, alivios al agro y beneficios para contribuyentes cumplidores. El mensaje es directo: quien invierte, produce o cumple, será premiado.
Esta reforma también tiene un valor simbólico. En medio de un contexto nacional donde la discusión gira en torno a ajustes severos, despidos y recortes, Salta busca marcar una diferencia mostrando que se puede ordenar el Estado sin asfixiar al contribuyente. No es un modelo replicable sin más, pero sí un caso de estudio.
¿Será este el inicio de una reforma tributaria provincial de largo plazo? ¿O simplemente un gesto oportuno para capitalizar un momento fiscal favorable? Las respuestas vendrán con el tiempo y los resultados.
Por ahora, la decisión es audaz, bienvenida y necesaria. Pero como todo alivio fiscal, será útil en la medida en que sea coherente, sostenible y se traduzca en crecimiento real, más allá del aplauso político y los anuncios oficiales.
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