Mientras miles de familias luchan por acceder a prestaciones básicas, los legisladores de La Libertad Avanza en Salta decidieron sostener el veto de Milei y darle la espalda a las personas con discapacidad. El resto de los diputados salteños votó a favor de la ley.
En una jornada clave en la Cámara de Diputados, el Congreso rechazó con una abrumadora mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, una norma que busca garantizar prestaciones urgentes, actualizar aranceles y regularizar deudas con prestadores.
Pero no todos estuvieron del lado de los derechos humanos más básicos. Los diputados salteños Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, representantes de La Libertad Avanza, votaron a favor de sostener el veto de Javier Milei, es decir, en contra de la ley que protege a miles de personas con discapacidad en situación crítica.
Los libertarios salteños se alinearon con la postura más dura del Ejecutivo nacional, que justificó el veto bajo el argumento de su “impacto fiscal”. Pero lo que está en juego no es un Excel: son vidas, tratamientos, traslados, atención médica y el derecho elemental a vivir con dignidad. La votación no fue simbólica: fue una decisión concreta de privilegiar el superávit fiscal por sobre los derechos humanos.
Con 172 votos a favor, el Congreso logró la mayoría calificada de dos tercios para derrumbar el veto presidencial. Fue un triunfo de las organizaciones, de los prestadores de servicios de discapacidad y, sobre todo, de las familias que desde hace meses marchan en todo el país reclamando por lo básico: que el Estado no las abandone.
En contraste, los diputados Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal (aliado del gobernador Gustavo Sáenz), votaron a favor de la insistencia en la ley y marcaron distancia con el oficialismo nacional. Lo mismo hizo el diputado de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, quien también rechazó el veto. En total, cuatro votos salteños en favor de la dignidad y la justicia social, frente a tres en contra, que quedarán registrados como una mancha ética difícil de justificar.
La ley restituida establece una pensión no contributiva del 70% de la mínima, actualiza aranceles para prestadores y garantiza el acceso al Programa Incluir Salud, entre otros puntos. Es una respuesta a un sistema que lleva meses colapsado: acompañantes terapéuticos sin cobrar, transportistas que no pueden cubrir servicios, centros de día al borde del cierre, y personas con discapacidad literalmente abandonadas por el Estado.
Aún así, Orozco, Zapata y Moreno eligieron defender el ajuste sobre los más vulnerables. Su voto no solo va en contra de la ley: va en contra de un principio básico de humanidad. Lo que se discutía no era un gasto superfluo, sino una deuda histórica con quienes han sido sistemáticamente invisibilizados.
Milei y el “veto cruel”
El presidente Milei vetó la ley alegando un impacto de hasta el 0,59% del PBI, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo bastante menor. Lo cierto es que, antes de debatir eficiencia, había que garantizar existencia. Y esa lógica —que parecería elemental— fue ignorada tanto por el Presidente como por los diputados que sostuvieron su veto.
La emergencia en discapacidad no es una bandera política: es una obligación ética. La política puede debatir muchos temas, pero hay fronteras que no se deben cruzar. Votar en contra de las personas con discapacidad es una de ellas. El electorado salteño sabrá, en su momento, quién estuvo del lado de los derechos y quién eligió el ajuste ciego.
Porque en esta votación, más que nunca, cada voto reveló qué entiende cada diputado por justicia social. Y qué está dispuesto a sacrificar para sostener una ideología.
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