La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cobró un nuevo impulso tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a partir de los audios filtrados del ex director Diego Spagnuolo, donde se denuncian maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos.
Más de diez domicilios vinculados a funcionarios y empresarios fueron intervenidos la semana pasada. Entre los elementos secuestrados, los investigadores pusieron especial atención en los celulares de alta tecnología y documentación que podrían aportar pruebas concretas sobre el supuesto circuito ilegal.
Entre los detenidos o bajo investigación, figura Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado con sobres que contenían 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de su pasaporte y teléfono móvil, aún sin ser desbloqueado por peritos debido a la complejidad tecnológica.
La investigación apunta a desentrañar si existió un sistema de sobornos en el que Suizo Argentina habría incrementado los porcentajes de comisión ilegales para los proveedores de medicamentos destinados a personas con discapacidad. En los audios, Spagnuolo denuncia que las coimas habrían sido supervisadas por el asesor Eduardo “Lule” Menem, y sugiere que altas autoridades del Gobierno estaban al tanto.
Por ahora, el Gobierno, que dispuso una auditoría urgente en la ANDIS y removió a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, niega una responsabilidad directa y denuncia una posible utilización política de los audios, en el marco de una campaña electoral tensa.
El juez Casanello y el fiscal Picardi continúan con la pericia de los dispositivos incautados y analizan la documentación para avanzar en la imputación formal y las citaciones a declarar, aún sin fecha confirmada.
En paralelo, la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel y presidente de Suizo Argentina, continúa abierta tras no ser hallado en el allanamiento de su residencia en Nordelta.
Este caso pone en foco la necesidad de transparencia en la gestión pública y la vigilancia sobre los mecanismos de contratación del Estado, en particular cuando se trata de políticas destinadas a sectores vulnerables.
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