El caso fue un sismo en las estructuras del sistema carcelario salteño. Después de 28 jornadas de audiencias, el juicio contra una presunta red narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria N°1 de Salta está llegando a su momento más crítico: el jueves 9 de octubre, el Tribunal dará a conocer el veredicto.
Se trata de una causa con veinte imputados —diecinueve presentes en juicio, uno declarado en rebeldía—, entre ellos funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, acusados de haber montado una organización criminal que traficaba drogas dentro y fuera del penal, extorsionaba detenidos y operaba con total impunidad desde los pasillos de la cárcel.
El tribunal, presidido por el juez Federico Diez e integrado por Paola Marocco y Javier Aranibar, escuchó esta mañana las últimas contrarréplicas de la defensa. Luego de eso, se ordenó un cuarto intermedio hasta el jueves 9, cuando los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, detalló durante el proceso una estructura compleja: funcionarios penitenciarios que, en lugar de controlar el delito, lo facilitaban.
Los cargos: drogas, extorsión y corrupción
Entre los principales acusados se encuentran seis agentes penitenciarios: Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia,Luis Roberto Castaño,Marcos Matías Bucotich García,Raúl Antonio Arjona, y José Luis Alarcón.
Todos enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada, debido a la participación de más de tres personas, en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios públicos. También se les imputa concusión(exacciones ilegales), y asociación ilícita.
Otros exfuncionarios, como Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, también están acusados por hechos similares, mientras que Baldomero Darío Córdoba aparece como partícipe necesario.
En paralelo, familiares e internos fueron señalados como parte activa de la red. Se trata de Manuel y María Inés Méndez, Héctor Banega, Ivana Gutiérrez, María Galindo, Nicole Luna y Patricia Flores, acusados por narcotráfico agravado y asociación ilícita.
Andrea Abigail Alba fue imputada por tenencia simple, y en el caso de Josué Joel Valencia y Silvana Avendaño, la Fiscalía retiró las acusaciones.
Cómo operaba la red: sobornos, drogas y complicidad institucional
La investigación que dio origen a este juicio comenzó tras denuncias anónimas que advertían sobre actividades ilícitas dentro de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta. Según las acusaciones iniciales, personal penitenciario solicitaba sobornos a internos o a sus familias a cambio de beneficios como mejoras en la calificación de conducta, acceso a salidas transitorias, traslados de pabellón o trámites acelerados para acceder a regímenes de semilibertad. Además, se denunciaba la introducción sistemática de elementos prohibidos, incluyendo teléfonos celulares, comida, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
Durante el proceso investigativo, que abarcó el período 2021-2023, la Unidad Fiscal reunió un conjunto de pruebas contundentes. Se analizaron más de 50 cuentas bancarias, detectándose más de mil transferencias vinculadas a familiares de detenidos. También se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se tomaron 90 declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir el funcionamiento de la presunta organización criminal.
La hipótesis de los fiscales sostiene que un grupo de funcionarios penitenciarios utilizó su jerarquía, antigüedad y acceso institucional para instalar una red de corrupción interna, cobrando dádivas a cambio de favores dentro del régimen penitenciario. Los pagos se realizaban tanto por vía electrónica como en efectivo, generalmente a través de familiares de los reclusos. En algunos casos, se acordaban encuentros fuera del penal para concretar las entregas de dinero o mercadería.
En cuanto al tráfico de drogas, la investigación identificó una estructura organizada que funcionaba con distribución de sustancias dentro del penal, operadores externos que administraban el dinero y las cuentas bancarias, y el rol indispensable de algunos funcionarios públicos, quienes facilitaban o directamente ingresaban los estupefacientes al establecimiento, garantizando además la protección del esquema delictivo.
Para el Ministerio Público, la connivencia entre actores del sistema penitenciario, internos y cómplices externos consolidó una red narcocriminal que funcionaba de manera sostenida, aprovechando los vacíos de control y la autoridad institucional para operar con impunidad desde el interior mismo de la cárcel.
Veredicto: jueves 9 de octubre, 13:30 h
El juicio, seguido de cerca por los medios y la comunidad jurídica, finalizará el próximo jueves 9 a las 13:30, en el Salón de Grandes Juicios. A las 8:30, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras.
Se espera un fallo con fuertes repercusiones institucionales, ya que por primera vez se juzga en Salta una red criminal inserta dentro de las fuerzas penitenciarias, en complicidad con reclusos y familiares. El caso expuso la fragilidad del sistema de control penitenciario, y puso en la mira los vínculos entre delito organizado y estructuras del Estado.
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