Con tono desafiante y sin rodeos, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional una jugada inédita y explosiva: enviará al Congreso un proyecto de ley para prohibirle al propio Congreso que apruebe leyes que aumenten el gasto público sin compensación fiscal. La iniciativa prevé incluso sanciones penales para legisladores y funcionarios que impulsen medidas que afecten el “déficit cero”, convertido por el Gobierno en dogma absoluto.
La reacción llegó tras un nuevo revés legislativo: esta semana, la oposición logró aprobar, con mayoría agravada, partidas adicionales para universidades, una ley de emergencia sanitaria y otros proyectos que, según el oficialismo, ponen en riesgo el superávit fiscal. “Usan causas nobles como excusa para llevar al país a la quiebra”, disparó el mandatario en su discurso.
En la cadena nacional grabada el viernes, Milei defendió su estrategia económica con una frase que no pasó desapercibida: “Si quieren volver atrás, van a tener que sacarme con los pies para adelante”. Lo acompañaban su ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quienes presentó como custodios del orden monetario.
“La inflación se ha desplomado y lo logramos sin emisión”, sostuvo. Y como parte de las medidas para “amurallar” el equilibrio fiscal, adelantó que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir de forma definitiva el financiamiento del Tesoro vía Banco Central. Según el Gobierno, esa medida “institucionalizará” una práctica que ya se cumple, pero ahora tendrá carácter formal, aunque todavía se desconoce el vehículo legal.
Una ley contra el Congreso: ¿es constitucional?
El anuncio más polémico llegó con la confirmación del proyecto de ley que penalizará la aprobación de presupuestos deficitarios. La norma establecería que todo nuevo gasto o baja de impuestos deberá ser compensado con un recorte equivalente. Caso contrario, quienes impulsen o voten esas leyes podrán ser denunciados penalmente.
La idea generó ruido entre constitucionalistas y legisladores de todos los bloques. Varios advirtieron que un proyecto así choca de frente con el principio de división de poderes y el rol deliberativo del Congreso, especialmente en su potestad exclusiva de definir el presupuesto nacional.
La letra chica del proyecto está siendo afinada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en coordinación con abogados del entorno del exjuez Ricardo Manuel Rojas, autor del libro La inflación como delito, que habría inspirado la medida. Para Rojas, el déficit fiscal es el verdadero motor de la inflación, y su génesis radica en un Estado que gasta más de lo que recauda y luego recurre a la emisión, el endeudamiento o el aumento de impuestos.
El riesgo de un Congreso “inhabilitado”
Más allá de la tensión institucional, el trasfondo es claro: Milei quiere cerrar todas las canillas que puedan poner en peligro su política de déficit cero, incluso si eso implica intentar limitar por ley la capacidad del Congreso de legislarsobre gasto público. Para ello, propone que cada iniciativa que implique un gasto adicional deba incluir de manera obligatoria una fuente específica de financiamiento. Y, en caso contrario, los autores deberían hacerse cargo políticamente… o judicialmente.
En paralelo, el Presidente insistirá con el “principio de revelación”: que todo proyecto de ley que requiera financiamiento extra sea explícito en sus costos y que se le exija al autor que proponga los medios para solventarlo, ya sea con deuda, recortes o suba de impuestos.
La pulseada sigue: Milei vs. el Congreso
En lo que ya parece una coreografía sincronizada de ingobernabilidad, el presidente refuerza su estrategia de confrontación con el Parlamento. Mientras tanto, las medidas aprobadas por la oposición –como las leyes de emergencia sanitaria y universitaria– ya superan en impacto fiscal todo el superávit comprometido con el FMI para este año.
El proyecto de penalización legislativa promete escalar el conflicto a un nuevo nivel. Será una batalla legal, institucional y política que pondrá a prueba no sólo la viabilidad del experimento libertario, sino también los límites del sistema republicano. Porque, como quedó claro, Milei no quiere simplemente gobernar con equilibrio fiscal: quiere imponerlo como mandato absoluto.
Comments