Una red narcocriminal operando desde dentro de una cárcel, con jerarquías, funciones claras y un sistema de corrupción institucionalizado. Eso fue lo que quedó probado en el juicio que, tras diez semanas de audiencias, culminó hoy con un fallo contundente: los 17 imputados —entre ellos ocho funcionarios del Servicio Penitenciario— fueron condenados a penas de entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión efectiva.
El caso, que sacudió los cimientos del sistema penitenciario salteño, expuso cómo un grupo de funcionarios —encargados de custodiar a los detenidos— violó gravemente su función, convirtiendo a la Unidad Carcelaria 1 en un centro de operaciones para la comercialización de drogas y cobro de exacciones ilegales.
Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, coincidieron con los fiscales de la Unidad Fiscal conformada por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, en que se trató de una organización delictiva estructurada, con miembros dentro y fuera del penal.
Según la acusación, el grupo aprovechaba la vulnerabilidad de los internos para beneficiarse económicamente mediante extorsiones, venta de estupefacientes y otorgamiento de “privilegios” a cambio de dinero.
Las condenas más altas
Entre los condenados, se destacan:
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Francisco Arturo Bisceglia: 10 años y 6 meses de prisión.
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Sergio Faustino Moya: 10 años de prisión.
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José Luis Alarcón: 8 años de prisión.
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Manuel Méndez: 9 años y 6 meses (unificada con pena anterior, suma total: 19 años y 6 meses).
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María Inés Méndez: 9 años.
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Héctor Gustavo Banega: 8 años.
Los delitos por los que fueron condenados incluyen:
✔️ Comercialización de estupefacientes agravada.
✔️ Exacciones ilegales (concusión).
✔️ Asociación ilícita.
✔️ Incumplimiento de deberes de funcionario público.
Un sistema carcelario en jaque
El procurador Pedro García Castiella, en su alegato final, fue categórico: lo ocurrido en la UC1 constituye una violación sistemática de derechos humanos, con consecuencias institucionales gravísimas. Denunció que ciertos funcionarios decidían arbitrariamente quién sufría castigos y quién recibía beneficios, desnaturalizando por completo la función del Estado en la ejecución de penas.
“El Estado tiene la obligación de proteger la dignidad de las personas privadas de libertad. Lo que aquí ocurrió atenta contra esa responsabilidad básica”, sostuvo.
¿Y ahora qué?
Este fallo no solo marca un precedente judicial clave, sino que también exige una revisión urgente del sistema penitenciario. La justicia dejó claro que los delitos se cometieron desde una estructura estatal que fue cómplice activa del crimen organizado.
Los ojos ahora están puestos en los mecanismos de control y supervisión del Servicio Penitenciario. Porque si algo dejó este juicio es una lección contundente: sin control real, la cárcel no reforma… se convierte en plataforma del delito.
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