En abril del 2021 la víctima radicó denuncia en contra de su pareja, Federico Elías Lamas, con quien había retomado la relación. Relató que desde que regresó a vivir al domicilio que compartían, no le permitía salir ni mantener contacto con sus hermanos. Cuando intentaba ausentarse su pareja la amenazaba con prender fuego a la casa. Denunció que en algunas ocasiones la agredió físicamente.
Es por eso que Lamas fue condenado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y privación de la libertad agravada por el uso de violencia, coacción (dos hechos) y privación ilegítima de la libertad, todo en concurso real. Cumplirá la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, recuperando su libertad una vez finalizada la audiencia.
Por el término de la condena deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio. Deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas. Tiene prohibido mantener contacto por cualquier medio con la denunciante, y acercarse a ella, a su domicilio y a los lugares que frecuente. Tampoco podrá ejercer actos de violencia física, psíquica o psicológica en su contra.
También se le impuso la obligación de someterse al programa de intervención con agresores de violencia de género del Ministerio Público Fiscal para revertir indicadores violentos, por su adicción a las drogas y al alcohol y reeducación por cuestión de género.
En el fallo, el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez, solicitó la colocación de una tobillera electrónica al acusado y la provisión de un aparato de rastro para la víctima, al Sistema de Emergencias 911, ello para ejercer control y seguimiento tecnológico mediante GPS, a fin de evitar que el imputado se acerque a la denunciante. Lamas contará con consigna policial fija hasta tanto se le coloque el dispositivo electrónico.
Todas estas medidas son de carácter obligatorio. En caso de incumplir alguna podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta.
Además se ordenó que el condenado sea incorporado en el Banco de Datos Genéticos.
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