La suspensión de la movilidad jubilatoria, perjudica a casi tres millones de jubilados que cobraron en marzo menos de lo que tendrían que haber cobrado.
Una demanda colectiva presentada ante la justicia, solicitaba que se declare inconstitucional la medida del gobierno de Alberto Fernández.
Aproximadamente 7000 jubilados presentaron la demanda promovida por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
Sin embargo la justicia decidió rechazar la presentación. La jueza Silvia Saino señaló que la demanda carece de “legitimación activa” y a partir de ahora la misma seguirá adelante solo por la titular que la inició y no por el reclamo colectivo.
Semino confirmo que apelará la decisión judicial.
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