El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Ciberdelitos, continúa con una investigación crucial que está revelando una red de desinformación masiva con el fin de desestabilizar al Gobierno de Salta. Lo que comenzó como una alerta sobre la publicación de videos anónimos en la red social TikTok ha revelado una operación compleja de manipulación mediática, financiada por figuras políticas vinculadas a actores cercanos al poder. Este caso no solo expone un grave intento de destruir la imagen de funcionarios públicos, sino que también plantea serias preguntas sobre los límites de la libertad de expresión y los peligros que esta desinformación puede generar.
La investigación comenzó según informó oficialmente la Fiscalía de Ciberdelitos, cuando se detectaron publicaciones de contenido explosivo que vinculan al Gobierno de Salta con actividades ilegales, específicamente con el narcotráfico. Estos videos, difundidos por perfiles anónimos en TikTok, pretendían sembrar una imagen de vinculación directa entre funcionarios del Ejecutivo provincial y los carteles de drogas, además de asociar al gobierno con diversos escándalos, como operativos de secuestro de drogas en ambulancias privadas dando a entender que se trataba de vehículos de la provincia. Estos videos, compartidos con un alcance masivo, no solo buscaban destruir la credibilidad de las instituciones provinciales, sino que también alimentaban un sentimiento de desconfianza y miedo en la población.
La frontera entre la libertad de expresión y el delito de intimidación pública
El Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de su acción penal pública, tuvo que enfrentar una cuestión de vital importancia: ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza el delito? Después de un análisis exhaustivo, se determinó que muchos de los videos podían estar fuera del ámbito de la acción pública y ser clasificados como casos de difamación o injurias privadas, que fueran dedicados a empresarios, políticos y periodistas.
Sin embargo, la gravedad de los contenidos de cinco videos permitió la apertura de una causa por intimidación pública. Este tipo de delito, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, se sanciona cuando el contenido publicado tiene el potencial de alterar el orden público, crear pánico social o incitar a la violencia.
Lo que los responsables de estas publicaciones decidieron pasar por alto, es que la desinformación no es solo una simple manipulación de hechos: es un atentado directo contra la paz social. El delito de intimidación pública tiene como objetivo castigar las conductas que afectan el bienestar colectivo, aquellas que alteran la convivencia pacífica, generan temores infundados y desestabilizan el sistema democrático. Estos videos pretendían deslegitimar a las instituciones democráticas, construyendo un relato falso sobre la provincia de Salta, al presentar a sus autoridades como cómplices del crimen organizado.
El poder de las redes sociales como armas de desestabilización
Las redes sociales, en especial TikTok, se han convertido en el arma preferida de quienes buscan manipular la opinión pública, desde el anonimato, para servir a intereses políticos oscuros. En este caso, los responsables de los videos no solo mintieron de manera flagrante, sino que crearon una narrativa de miedo, con el claro objetivo de generar caos en la provincia. Esta operación no es solo un ataque a la imagen de los funcionarios, sino a la estabilidad misma de la sociedad salteña.
Las redes sociales han demostrado ser poderosos catalizadores para el cambio social y político, pero también han sido tomadas por aquellos dispuestos a utilizarlas para difundir mentiras, destruir reputaciones y sembrar la desconfianza. Y si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia, esta se ve amenazada cuando se convierte en una herramienta para la manipulación y el daño colectivo.
La conexión política detrás de la manipulación
El avance de la investigación ha revelado una serie de conexiones entre los responsables de las publicaciones y figuras políticas cercanas a actores clave en la escena provincial. Tres personas han sido imputadas hasta el momento, y la información obtenida gracias a la colaboración de la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal ha sido fundamental para identificar a los responsables. Entre ellos, dos individuos, Alonso Javier Allemand y Florencia Arias Bustamante, se encuentran vinculados financieramente y como empleados del Congreso de la Nación del diputado nacional Emiliano Estrada, quien es señalado como uno de los principales financiadores y autor intelectual de esta operación de desinformación.
El caso también ha llevado a una incómoda reflexión sobre el papel de los “asesores de prensa” y otros operadores políticos. ¿Qué función cumplen estos personajes cuando no solo asesoran, sino que también diseñan estrategias de desprestigio y difamación? Las respuestas que se han obtenido hasta ahora apuntan a un círculo vicioso de manipulación política, donde el poder económico se convierte en el principal motor de una campaña de agresión contra aquellos que ocupan cargos públicos. Y no es solo Emiliano Estrada quien parece involucrado. Enrique Borelli, intendente de Cerrillos, también ha sido mencionado como parte del entramado, lo que ha puesto en evidencia un sistema de colaboración entre diferentes actores del poder político.
Se ha revelado que Alonso Allemand, uno de los imputados, cargó toda la responsabilidad en Estrada y Arias Bustamante, a quienes acusó de ser los principales responsables de la creación y difusión de los videos.
El juego sucio detrás de la campaña de desinformación
En el caso de Juan Marco Capisano, el tercer imputado, se ha puesto su relieve su condición de ex funcionario político de la ex intendenta Bettina Romero, hija del senador nacional Juan Carlos Romero, y hermano de la ex Secretaria de Prensa Municipal.
La cara más grotesca de esta historia es la de tres personas que, en un claro papel mercenario, ahora manifiestan desconocer que se encontraban cometiendo un delito, al prestarse con fines económicos a una total falta de ética, convirtiéndose en instrumentos de manipulación. Sin dudas, son los responsables de difundir mentiras y han sido parte de una maquinaria que busca destruir la credibilidad de las instituciones democráticas. Lo peor de todo es que, detrás de ellos, están los verdaderos responsables: aquellos que financian, planifican y ejecutan esta campaña de desinformación.
La Fiscalía de Ciberdelitos continúa con una investigación que podría ser solo la punta del iceberg de una operación mucho mayor, de hecho se destaca sobre el final de la información de que podrían haber mas imputados. Las conexiones entre el mundo político y los actores de esta red de desinformación han dejado claro que el poder, cuando se ve amenazado, está dispuesto a utilizar cualquier medio para manipular la opinión pública. La desinformación no es un acto aislado; es una estrategia política con un claro objetivo: desestabilizar a los gobiernos elegidos por la voluntad popular.
En este contexto, la justicia juega un papel fundamental. Es necesario que los responsables de estos actos sean identificados y castigados con todo el peso de la ley, no solo para que se haga justicia, sino también para que sirvan de ejemplo a aquellos que, desde el anonimato de las redes sociales, intentan destruir lo que nos une como sociedad.
La democracia debe ser defendida, incluso cuando se enfrenta a los ataques más insidiosos, tan alejados del verdadero periodismo y de la libertad de expresión genuina. La justicia y la verdad deben prevalecer, y es responsabilidad de todos salvaguardar los principios que nos permiten vivir en una sociedad libre y democrática.
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