El presidente Javier Milei formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias para enero y febrero de 2025, marcando el inicio de un intenso período legislativo. A través del Decreto 23/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció un temario que incluye siete proyectos centrales para el Gobierno, algunos de los cuales han generado consensos, mientras que otros enfrentan férreas resistencias en el Congreso.
Entre las iniciativas más polémicas figuran la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Estas propuestas no solo ponen a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, sino que también han desatado debates internos en su principal aliado, el PRO.
Eliminación de las PASO: un frente de tensiones internas
La propuesta del Ejecutivo para suprimir las PASO definitivamente se enfrenta a posturas divergentes dentro del PRO, partido fundado por Mauricio Macri. Mientras algunos dirigentes promueven su eliminación total bajo el argumento de que representan un gasto innecesario para el Estado, otros proponen suspenderlas solo para 2025, dejando abierta la posibilidad de retomarlas en 2027.
“Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en defensa de la postura oficialista. Sin embargo, la falta de un consenso claro dentro del bloque liderado por Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados complica el panorama.
En el ámbito porteño, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también evalúa alternativas para las primarias. Aunque aún no presentó un proyecto formal, su intención de suspenderlas en 2025 y retomarlas en 2027 podría influir en el debate nacional.
Designación de jueces: un obstáculo en el Senado
Otro tema candente es la designación de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Si bien Lijo parece contar con los apoyos necesarios para avanzar, el caso de García Mansilla presenta mayores dificultades. El Gobierno ha adoptado una postura inflexible: ambos candidatos deben ser aprobados juntos o ninguno.
El Senado, liderado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se perfila como el escenario clave de esta discusión. Sin embargo, las tensiones entre Villarruel y Milei complican las negociaciones. “Ella se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo, y nosotros no hacemos política para 500.000 argentinos, sino para 47 millones”, declaró el presidente en una reciente entrevista radial, en referencia a la falta de participación de la vicepresidenta en reuniones de gabinete.
Además, el bloque PRO en el Senado enfrenta cambios en su liderazgo. Luis Juez, actual jefe del espacio, anunció su intención de dejar el cargo tras expresar públicamente su rechazo a la postulación de Lijo. Su posible sucesora, Guadalupe Tagliaferri, preside la Comisión de Acuerdos, instancia crucial para el avance de los pliegos judiciales.
Consensos y alianzas: un respiro en medio del conflicto
No todo en el temario genera enfrentamientos. La nueva versión del proyecto de “Ficha Limpia”, elaborado en conjunto por el PRO y La Libertad Avanza, cuenta con amplio respaldo y se espera que sea aprobado sin mayores inconvenientes. Este consenso refleja el potencial de las dos fuerzas para trabajar en conjunto, aunque otros temas, como los proyectos vinculados a seguridad y justicia, también han mostrado avances significativos.
Entre estas iniciativas destacan los juicios en ausencia, la ley anti mafia y el régimen de reiterancia, propuestas que no enfrentan grandes resistencias al haber sido elaboradas previamente entre ambos bloques.
Un verano legislativo decisivo
Con las sesiones extraordinarias a punto de comenzar, el oficialismo enfrenta un desafío doble: consolidar su alianza con el PRO en la antesala de las negociaciones electorales y destrabar los proyectos más conflictivos. Las próximas semanas serán clave para definir no solo el éxito legislativo del Gobierno, sino también el rumbo político de las fuerzas mayoritarias en un año marcado por la expectativa electoral.
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