La pelea judicial por la reforma laboral entró en zona de definiciones, pero el dato más filoso no está en la superficie del fallo: está en el gesto institucional. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio 24 horas al juez laboral Raúl Horacio Ojeda para desprenderse del expediente y, en el mismo movimiento, cerró la puerta —sin retorno— al fuero del Trabajo.
La orden no es solo procesal. Es política en términos judiciales. Con habilitación de días y horas inhábiles —un recurso reservado para urgencias reales— la Cámara dejó claro que ya no hay margen para dilaciones ni interpretaciones. La discusión sobre la competencia, dijeron, “está definitivamente resuelta”. Traducido: el conflicto no se debate más, se ejecuta.
Detrás de la resolución aparece un dato menos visible pero determinante: la incomodidad del tribunal frente a la resistencia de Ojeda. El juez había retenido la causa incluso después del fallo del 28 de abril que ya lo apartaba. Esa tensión obligó a la Cámara a intervenir de nuevo, esta vez con una orden directa, perentoria y sin matices. No es habitual. Y cuando ocurre, deja marca.
El expediente nació con ventaja sindical. La CGT había logrado en el fuero laboral una cautelar que frenó más de 80 artículos de la reforma, un golpe temprano para el Gobierno. Pero ese escenario empezó a desarmarse cuando la Procuración del Tesoro —pieza jurídica clave de la Casa Rosada— activó una estrategia quirúrgica: cuestionar la competencia, denunciar irregularidades procesales y forzar el traslado del caso.
Ese movimiento, silencioso pero efectivo, cambió el eje. Sacó la discusión de un terreno históricamente receptivo a los gremios y la llevó a un fuero donde lo que pesa no es la lógica laboral clásica, sino la validez constitucional de una ley del Congreso y el rol del Estado.
Ahí está el punto ciego del fallo: no se trata solo de dónde se tramita la causa, sino de cómo se la va a mirar. El cambio de fuero redefine las reglas del juego. Reduce el margen de la CGT y fortalece la posición del Gobierno en la batalla judicial.
La Cámara, además, dejó otro mensaje implícito: las reglas de competencia son de orden público. No se negocian, no se interpretan a conveniencia. Se cumplen. Y si no se cumplen, se imponen.
Si Ojeda acata, el expediente quedará en manos del juzgado contencioso administrativo federal N° 12, que deberá entrar en la cuestión de fondo: la constitucionalidad de la reforma. Ese será el verdadero campo de batalla.
Lo que viene es previsible: un recorrido que puede escalar hasta la Corte Suprema. Pero el tablero ya cambió. Y en esa reconfiguración hay un ganador parcial: el Gobierno logró que la discusión deje de ser laboral para convertirse en institucional.
A veces, en los expedientes, lo decisivo no es el fallo… sino el terreno donde se pelea.
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