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Advierten que la licencia de Casasola no frena nada: El Concejo analiza sanciones graves

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El concejal Gonzalo Nieva, integrante del Tribunal de Disciplina del Concejo Deliberante de Salta, confirmó que el pedido de licencia sin goce de haberes presentado por el edil denunciado por violencia de género no detendrá el proceso interno. “Esto no frena nada”, sostuvo, y dejó en claro que la comisión avanzará igual hacia un dictamen.

El movimiento del concejal —realizado minutos antes de una nueva reunión de la comisión— tomó por sorpresa incluso a los bloques mayoritarios. “No había ningún tipo de aviso previo”, indicó Nieva, quien interpretó la decisión como un intento de “dilatar la discusión” en un momento clave del expediente.

Sin embargo, la estrategia podría no tener el efecto buscado. El edil explicó que el pedido de licencia debe ser tratado y aprobado por el cuerpo, por lo que se abre una nueva instancia de debate político dentro del Concejo. “No es automático. Se va a discutir y definir en sesión”, precisó.

Además, remarcó un punto central: aun si la licencia es concedida, el proceso disciplinario seguirá su curso. “Las posibles sanciones impactan sobre la investidura del concejal. Por eso, la comisión tiene que expedirse sobre el fondo, esté o no esté en funciones”, afirmó.

En cuanto al avance de la investigación interna, Nieva detalló que ya cuentan con un “cúmulo de información relevante”. Entre los elementos incorporados figuran las actuaciones judiciales remitidas por la Justicia provincial —con autorización de la denunciante—, la declaración directa de la mujer ante la comisión y el descargo del concejal acusado.

“Se garantizó el derecho de defensa, pero también se escuchó a la denunciante en profundidad. Eso le dio volumen al análisis”, explicó. Las denuncias, según indicó, se enmarcan en hechos de violencia de género, con una presentación inicial y una ampliación posterior en sede judicial.

El concejal insistió en diferenciar los planos: “Nosotros no somos un órgano judicial. No definimos delitos ni penas. Nuestro análisis es político e institucional: qué impacto generan estos hechos en el Concejo y en la confianza de la ciudadanía”.

En ese sentido, subrayó que la misión del Tribunal de Disciplina es preservar “el prestigio, los valores y los principios” del cuerpo deliberativo. “Ese es el eje sobre el que se construyen las recomendaciones”, agregó.

De cara a la próxima semana, la comisión deberá avanzar en la elaboración de un dictamen que luego será debatido por el pleno. El abanico de sanciones es amplio: puede ir desde un llamado de atención hasta la exclusión del concejal del cuerpo.

El caso, además, suma una nueva capa de tensión política. La discusión ya no se limita al expediente disciplinario, sino que involucra la postura que adoptará el Concejo frente a denuncias de violencia de género que afectan a uno de sus integrantes. En ese escenario, la decisión sobre la licencia y el contenido del dictamen serán claves.

“Hay que resolver el fondo de la cuestión”, insistió Nieva, marcando que el foco no puede correrse hacia maniobras administrativas. La definición, ahora, queda en manos del cuerpo deliberativo, que deberá decidir no solo sobre una licencia, sino sobre el alcance de las sanciones y el mensaje institucional que busca dar.

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