El conflicto entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y los bioquímicos de Salta dejó de ser un cruce administrativo para convertirse en una disputa abierta que expone una tensión más profunda: costos que se disparan, ingresos que no se actualizan y un sistema que empieza a trasladar el desequilibrio al afiliado.
En diálogo con Interactiva Noticias, el presidente de la Asociación Bioquímica de Salta, Julio César Oulier, confirmó que los laboratorios estuvieron aplicando un cobro adicional sobre las prácticas y defendió la medida como una respuesta inevitable ante la falta de actualización arancelaria. “Nos estamos ahogando”, resumió, al describir la situación del sector.
El origen del conflicto, explicó, no es reciente. Durante años, los aumentos salariales del sector público se trasladaban automáticamente a los prestadores. Esa lógica se interrumpió tras la intervención del IPS. “Desde ese momento se decidió trasladar una sola vez de esa manera y después empezar a recibir propuestas. Presentamos varias, pero solo se reconocieron parcialmente y muy por debajo de lo necesario”, señaló.
Según detalló, el último planteo formal de los bioquímicos implicaba un impacto cercano al 8% en la estructura de costos. “No era nada descabellado, estaba calculado y fundamentado. Pero no tuvimos respuesta”, sostuvo. Ese porcentaje es, precisamente, el que comenzaron a cobrar sobre las órdenes de laboratorio desde el 16 de abril pasado, medida que ya se levantó.
Un sistema que no permite absorber la crisis
A diferencia de otros prestadores de salud, los bioquímicos aseguran que no tienen margen para compensar el atraso mediante mecanismos internos. “Nosotros no cobramos plus, no cobramos coseguros, no tenemos padrón A o B. Dependemos exclusivamente de lo que paga el IPS”, explicó Oulier.
Esa dependencia absoluta deja al sector expuesto a la inflación. Y los números que describen son contundentes: aumentos del 20% en insumos en lo que va del año, subas salariales obligatorias, incrementos en descartables que superan el 100% en algunos casos y costos operativos que no dejan de escalar.
“Uno no le puede decir al empleado que no le va a pagar un aumento porque el IPS no actualiza. Tampoco le puede decir al proveedor que congele precios. Todo aumenta, menos lo que nosotros cobramos”, graficó.
Incumplimientos cruzados y diálogo en tensión
Desde el IPS se cuestionó la medida al considerarla un incumplimiento del convenio prestacional y anunció la devolución de los montos cobrados a los afiliados. Sin embargo, desde la Asociación Bioquímica devolvieron la crítica y hablaron de una relación desequilibrada.
“El IPS habla de incumplimiento, pero cuando no traslada aumentos también está incumpliendo. Hay cláusulas que prevén esa actualización y no se están aplicando”, afirmó Oulier.
Pese al cruce, el diálogo no está roto. “Nos queremos sentar y ver cómo seguimos. No podemos estar todo el tiempo con esta incertidumbre, si pagan, cuándo pagan, cuánto trasladan. Necesitamos previsibilidad”, reclamó.
El impacto directo en los afiliados
Mientras las partes discuten responsabilidades, el efecto más visible recae en los usuarios del sistema. El cobro adicional ronda, en promedio, entre 5.000 y 8.000 pesos por orden, aunque puede variar según la cantidad de prácticas. En estudios simples, como una glucemia, el monto es mucho menor, pero el problema —admiten— es estructural.
“Hay prácticas que el IPS paga a valores muy bajos. Una glucemia se paga alrededor de 1.500 pesos. Es imposible sostener esos valores con los costos actuales”, explicó.
Además, el nomenclador limitado deja afuera estudios que deben ser abonados directamente por el paciente. En esos casos, el afiliado puede gestionar un reintegro, aunque el propio sector cuestiona la burocracia del trámite.
“Por ahí termina siendo más caro el trámite que lo que paga en el laboratorio”, ironizó.
Sin corte, pero con advertencia
A pesar de la tensión, los bioquímicos descartan, por ahora, un corte de servicios. La decisión —aseguran— responde a la necesidad de no afectar aún más a los afiliados. “No creemos que haya un corte. Entendemos que atrás hay gente que necesita atención”, sostuvo Oulier.
Sin embargo, la advertencia es clara: sin un esquema de actualización definido, el sistema pierde sustentabilidad.
“Nosotros no queremos estar en conflicto permanente. No es bueno para nadie. Pero necesitamos una respuesta clara de cómo se van a actualizar las prestaciones”, insistió.
Un problema que excede a un sector
El conflicto con los bioquímicos no es un caso aislado. Se suma a reclamos de médicos, odontólogos y otros prestadores que vienen advirtiendo sobre el atraso en los aranceles y las dificultades para sostener servicios.
En ese contexto, la discusión deja de ser sectorial y se transforma en un síntoma de algo más amplio: un sistema de salud que, bajo presión económica, empieza a mostrar límites concretos.
Y en ese escenario, la frase que eligieron los bioquímicos no parece exagerada, sino descriptiva: “Nos estamos ahogando”.
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