La última sesión de la Convención Municipal de Salta dejó una postal poco habitual en la política local: los propios convencionales de La Libertad Avanza tuvieron que retroceder sobre un artículo que habían aprobado apenas días antes y que había encendido una fuerte reacción del sector turístico.
El episodio expuso algo más profundo que una simple modificación técnica. Mostró los límites de una mayoría que quiso imponer una mirada ideológica extrema sobre el rol del Estado municipal y terminó chocando contra empresarios, operadores turísticos y hasta convencionales aliados que advirtieron el impacto que podía tener esa redacción sobre una de las principales actividades económicas de la ciudad.
Todo giró alrededor del polémico artículo 91 de la futura Carta Orgánica. En su versión original, aprobada la semana pasada, el texto prácticamente relegaba al municipio a un papel decorativo dentro del turismo, definiendo al sector privado como el único motor de la actividad y dejando al Estado apenas como complemento.
La reacción fue inmediata. Empresarios turísticos pusieron el grito en el cielo, hubo llamados, reuniones y presión política. Nadie entendía cómo una ciudad que vive en buena parte del turismo podía reducirse institucionalmente a mirar desde afuera.
Y entonces ocurrió lo impensado: los libertarios pidieron modificar el reglamento para volver a votar un artículo ya aprobado. Una maniobra excepcional que dejó al descubierto el nivel de incomodidad que generó la redacción inicial.
El nuevo texto cambió el tono y reincorporó funciones activas para el municipio. Ahora establece que la Municipalidad “fomentará el turismo a través de su planificación, desarrollo y promoción”, además de garantizar reglas claras y desarrollo sostenible. Aunque mantuvieron la idea de que la inversión privada debe ser el motor principal del sector, el retroceso político fue evidente.
Pero la concesión más fuerte apareció en el artículo 92. Allí, los convencionales terminaron habilitando algo que inicialmente rechazaban: que el municipio pueda otorgar beneficios fiscales, impulsar obras públicas turísticas y fomentar inversiones vinculadas a la actividad.
Es decir, después de intentar reducir al Estado municipal a una figura casi testimonial, terminaron aceptando herramientas clásicas de promoción pública que históricamente sostuvieron el crecimiento turístico de Salta.
El empresario Mariano García Cainzo celebró el cambio y destacó el diálogo alcanzado con los convencionales. Sin embargo, en los pasillos de la Convención varios interpretaban otra cosa: que el oficialismo libertario sintió el costo político de enfrentarse con uno de los sectores económicos más sensibles de la capital salteña.
La tensión no terminó ahí.
Durante la misma jornada también hubo ruido por el artículo vinculado al bienestar animal. El dictamen original limitaba las políticas públicas únicamente a “animales domésticos”, dejando afuera situaciones vinculadas a animales callejeros y otras problemáticas urbanas.
Las críticas fueron inmediatas. Convencionales opositores denunciaron un retroceso y cuestionaron además que la mayoría libertaria rechazara incorporar el hospital de mascotas como política pública municipal.
Finalmente, otra vez, hubo correcciones sobre la marcha.
Lo que dejó la sesión fue una señal política incómoda para La Libertad Avanza: incluso con mayoría, no todo puede imponerse sin costo. Y cuando la presión social y sectorial se acumula, hasta quienes prometían “no dar un paso atrás” terminan reescribiendo artículos que ellos mismos habían aprobado días antes.
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