El Gobierno nacional profundizó su política de ajuste sobre el Estado y puso en marcha una nueva etapa del achique en organismos descentralizados, una estructura que durante años funcionó como columna vertebral de áreas sensibles como seguridad social, rutas, agro y medios públicos. La estrategia impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger apunta ahora a reducir miles de puestos mediante retiros voluntarios.
Detrás del discurso oficial sobre la “eficiencia” y la “modernización”, ya se acumulan más de 2.000 bajas en organismos nacionales y la meta inmediata rondaría los 5.000 cargos menos antes de mitad de año. La diferencia con los primeros meses de gestión es que ahora el ajuste dejó de concentrarse únicamente en ministerios y oficinas políticas: avanzó directamente sobre estructuras técnicas y operativas del Estado.
Entre los organismos más afectados aparecen Administración Nacional de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección Nacional de Vialidad. Según trascendió, solo entre ANSES y Vialidad ya habría cerca de 2.000 trabajadores que aceptaron desvincularse bajo el esquema de retiros.
En ANSES, el número supera los 1.200 empleados. En el INTA, organismo clave para el desarrollo agropecuario, las bajas se acercarían a las 500. El dato genera preocupación silenciosa en distintos sectores porque el recorte ya no se limita a cargos administrativos: empieza a impactar sobre áreas técnicas, territoriales y de asistencia.
La lógica oficial es clara: evitar despidos masivos directos que puedan derivar en conflictos judiciales o políticos. Por eso, la Casa Rosada apuesta a que los propios trabajadores acepten irse a cambio de indemnizaciones equivalentes a alrededor del 90% del salario bruto por año trabajado.
Sin embargo, el “retiro voluntario” tiene una letra menos visible: quienes acepten no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años, salvo que devuelvan el dinero percibido. Además, muchos empleados sienten que la presión por la reducción de estructuras los empuja a aceptar condiciones que, en otro contexto, rechazarían.
El ajuste también comenzó a rodear áreas especialmente sensibles. En Programa de Atención Médica Integral ya se analiza abrir retiros voluntarios en un organismo que administra prestaciones para millones de jubilados y pensionados. La posibilidad encendió alarmas internas por el impacto que podría tener sobre la atención y los servicios.
La motosierra también llegó a los medios públicos. Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos forman parte del plan de reducción de personal. Incluso aparece bajo análisis la histórica Casa de la Moneda.
En paralelo, el Gobierno sostiene que el recorte es indispensable para bajar el gasto público y exhibe como resultado más de 61 mil puestos eliminados del Estado nacional desde diciembre de 2023. Pero mientras en Balcarce 50 celebran la reducción de estructuras, en distintas dependencias crece otro clima: incertidumbre, vaciamiento progresivo y temor por el funcionamiento futuro de áreas estratégicas.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por cuántos empleados sobran o faltan. El debate que empieza a emerger es otro: qué Estado quedará después del ajuste y cuánto podrá responder cuando la demanda social vuelva a golpear fuerte.
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