Mientras el narcotráfico modifica rutas, incorpora logística aérea y gana sofisticación tecnológica, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico del norte argentino: la radarización de la frontera.
Lo hizo durante la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, realizada en San Miguel de Tucumán, donde compartió agenda con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, gobernadores del NOA y autoridades de fuerzas federales.
Pero detrás del discurso institucional apareció una advertencia que en las provincias fronterizas repiten desde hace años: el crimen organizado evoluciona más rápido que los sistemas de control estatales.
“No nos olvidemos que estamos peleando contra un enemigo que cada vez se supera más en tecnología”, planteó Sáenz al insistir en la necesidad de fortalecer el monitoreo aéreo en la frontera norte, especialmente frente al crecimiento de vuelos ilegales vinculados al narcotráfico.
El problema que el norte denuncia hace años
La discusión sobre radares no es nueva. En Salta, Jujuy y otras provincias del norte, hace tiempo que funcionarios provinciales, fuerzas de seguridad y sectores políticos vienen alertando sobre el uso de pistas clandestinas y vuelos irregulares utilizados para el traslado de droga.
La preocupación creció aún más con el avance de organizaciones criminales que ya no operan únicamente por pasos terrestres, sino también mediante logística aérea cada vez más difícil de detectar.
En ese contexto, Sáenz destacó los resultados del Plan Güemes, el operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la frontera salteña, que según cifras oficiales permitió en 17 meses la detención de más de 700 personas vinculadas al narcotráfico y el secuestro de más de siete toneladas de droga.
“El crimen organizado no conoce límites ni jurisdicciones”, sostuvo el mandatario salteño, en un mensaje dirigido tanto a Nación como a las provincias vecinas.
El costo político y económico de custodiar la frontera
Uno de los puntos más sensibles del planteo de Sáenz volvió a ser el rol que deben asumir las provincias frente a un problema que constitucionalmente corresponde al Estado nacional.
“La custodia de la frontera no es competencia provincial, pero nos afecta todos los días”, remarcó.
El mensaje también apunta al desgaste económico y operativo que implica para Salta sostener infraestructura, policías y logística complementaria en una región atravesada por el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado.
Actualmente, según datos oficiales, más de 1700 efectivos federales se encuentran desplegados en la frontera salteña entre Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina.
Nación prometió avanzar con controles aéreos
Tras el reclamo, Monteoliva anunció que el Ministerio de Seguridad avanzará con convenios específicos sobre tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán para reforzar los controles regionales.
La ministra además destacó el operativo realizado en Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo como ejemplo del trabajo coordinado entre Nación y provincias.
Sin embargo, en el norte saben que el desafío sigue siendo enorme. Porque mientras los operativos muestran resultados y las estadísticas mejoran, la sensación en la frontera es que la pelea contra el narcotráfico dejó hace tiempo de ser solamente policial para convertirse también en una carrera tecnológica.
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