Durante años, los vecinos denunciaron olores insoportables, líquidos sospechosos y un sistema cloacal que nunca estuvo a la altura de un barrio pensado para casi 1800 lotes. Ahora, el conflicto explotó oficialmente: el Ente Regulador de los Servicios Públicos aplicó una multa de 80 millones de pesos al fideicomiso Urbanización Vía Aurelia, operado por el grupo MDay, por graves irregularidades en el tratamiento de efluentes domiciliarios y contaminación ambiental.
La sanción no solo expone un problema técnico. También deja al descubierto el costado menos visible del boom inmobiliario: urbanizaciones que crecieron más rápido que la infraestructura sanitaria necesaria para sostenerlas.
Según la resolución del organismo, el complejo arrastra desde hace al menos cuatro años fallas crónicas en el tratamiento de líquidos cloacales, con una planta precaria que nunca habría sido adaptada a las verdaderas dimensiones del emprendimiento.
El punto más delicado: el Río Arenales
Uno de los aspectos más sensibles del expediente es que los análisis físico-químicos realizados detectaron vuelco de crudo cloacal al río Arenales, un curso de agua que desde hace más de 17 años permanece judicializado por contaminación ambiental.
El caso incluso ya es seguido por el área ambiental de la Procuración General ante la posible existencia de delitos vinculados al daño ecológico y sanitario.
La situación había generado reiteradas advertencias. De hecho, tiempo atrás la Municipalidad de Salta revocó el certificado de aptitud ambiental del emprendimiento y prohibió expresamente el vuelco de efluentes al río. Sin embargo, el problema continuó.
En las últimas semanas volvieron a multiplicarse las quejas de vecinos por olores nauseabundos y también pedidos de informes en el Concejo Deliberante capitalino.
Una empresa inhabilitada y un sistema sin autorización
La resolución también alcanzó a la firma Industrias Clark SRL, empresa contratada en 2022 para procesar los efluentes y que, según el organismo, operaba ilegalmente. La compañía quedó inhabilitada y con prohibición expresa de continuar trabajando en Vía Aurelia.
El Ente sostuvo además que ni el fideicomiso ni la empresa contaban con habilitación para prestar servicios de saneamiento ni autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos para el vuelco de residuos cloacales.
El dato agrava aún más el cuadro porque implica que el sistema habría funcionado durante años fuera de las condiciones regulatorias mínimas exigidas.
El costo oculto del negocio inmobiliario
La multa aplicada equivale al 10% del máximo que puede imponer el organismo regulador y será destinada a tareas de saneamiento y educación ambiental.
Pero el conflicto deja otra discusión abierta: cuánto control existe realmente sobre los desarrollos urbanos privados que avanzan sobre la ciudad prometiendo calidad de vida mientras trasladan al ambiente y a los vecinos el costo de una infraestructura insuficiente.
El propio Ente advirtió que la deficiente operación del sistema comprometió “bienes colectivos de máxima relevancia constitucional”, entre ellos la salud pública, la seguridad sanitaria y la calidad ambiental.
Detrás de los lotes, las publicidades y el crecimiento inmobiliario, apareció una realidad mucho menos vendible: cloacas deficientes, contaminación y un río que sigue recibiendo las consecuencias.
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