Mientras la crisis aprieta, los ingresos no alcanzan y los municipios deben sostener servicios básicos con recursos cada vez más limitados, en el Concejo Deliberante se abre paso un proyecto que, lejos de atender urgencias estructurales, decide poner el foco en facilitar el consumo de cerveza sin alcohol. La iniciativa del concejal Gustavo Farquharson se presenta como una política de “hábitos saludables”, pero en los hechos instala una discusión incómoda: ¿es esta la prioridad?
El argumento oficial del concejal Farquharson intenta pararse en la prevención. Se habla de campañas de concientización, de reducir riesgos asociados al alcohol al volante, de ofrecer alternativas. Nadie discute la importancia de prevenir siniestros viales ni de promover conductas responsables. El problema aparece cuando esa política se desdibuja y deriva en algo distinto: la promoción indirecta de un producto específico y de un sector comercial.
Porque no se trata solo de informar o concientizar. El proyecto incluye incentivos —aunque se los llame “no tributarios”— para comercios, y obliga al Estado municipal a garantizar la presencia de estas bebidas en eventos públicos. En otras palabras, el municipio no solo concientiza: interviene para posicionar una opción de mercado. Y ahí es donde el discurso de salud pública pierde consistencia.
Si el objetivo es cuidar, ¿por qué no fortalecer campañas integrales que apunten a reducir el consumo problemático en general? ¿Por qué no invertir en educación vial sostenida, controles efectivos, transporte seguro o programas comunitarios? ¿Por qué el camino elegido termina siendo la promoción de una categoría de consumo y no la transformación de conductas?
El planteo de fondo es más profundo. En un contexto económico crítico, donde cada peso cuenta, el Estado vuelve a inclinar la balanza hacia sectores específicos, aun cuando se intente maquillar bajo la idea de “alternativas saludables”. No hay neutralidad en eso. Hay una decisión política: intervenir para favorecer determinadas prácticas de consumo.
El riesgo es claro. Bajo la bandera de la prevención, se naturaliza que el Estado funcione como facilitador de mercados, incluso en áreas donde debería actuar con estricta prudencia. Hoy es la cerveza sin alcohol; mañana puede ser cualquier otro producto presentado como “menos dañino”. La lógica se repite: en lugar de educar sin condicionamientos, se orienta el consumo.
Además, el proyecto parte de una premisa discutible: que ofrecer cerveza sin alcohol reduce riesgos de manera significativa. Sin un abordaje integral, esa relación es, como mínimo, parcial. La prevención real no depende de la góndola ni de la oferta en un festival, sino de políticas consistentes, sostenidas y medibles.
Hay, también, una cuestión simbólica. En medio de demandas urgentes —infraestructura, transporte, empleo, seguridad— el tiempo legislativo se destina a debatir cómo facilitar el acceso a una bebida. La desproporción es evidente. No porque el tema sea irrelevante en términos absolutos, sino porque queda completamente fuera de escala frente a las prioridades sociales.
El propio autor del proyecto sostiene que no busca incentivar el consumo, sino ofrecer opciones. Pero cuando el Estado promueve, incentiva y garantiza presencia, deja de ser un actor neutral. Pasa a ser parte activa en la construcción de ese consumo.
La discusión de fondo no es la cerveza sin alcohol. Es el rol del Estado. Si debe limitarse a informar y cuidar, o si además debe intervenir para direccionar hábitos mediante beneficios indirectos. Y, sobre todo, si en un contexto de crisis es razonable destinar energía política a medidas que no resuelven problemas estructurales.
Porque mientras se debate qué bebida debe estar disponible en un evento, hay realidades mucho más urgentes que siguen esperando respuestas.
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