En Salta, el pedido es concreto, medible y urgente: que no se cobre el trasbordo. Detrás de esa consigna hay una realidad más amplia y menos visible: miles de trabajadoras de casas particulares destinan hasta el 25% de su salario solo para llegar a sus empleos.
Durante la última reunión del Senado provincial, representantes del sector pusieron en palabras lo que hasta ahora venía circulando en silencio: el transporte no es un gasto más, es el principal factor que erosiona sus ingresos. Por eso, el anteproyecto que presentaron propone una tarifa social que garantice 40 trasbordos mensuales gratuitos.
La clave está ahí. No es un subsidio general ni una medida difusa. Es eliminar el costo extra de combinar líneas para quienes, por la propia dinámica del trabajo doméstico, deben moverse entre distintos puntos de la ciudad o viajar largas distancias desde el interior.
El planteo se sostiene en cifras, pero se explica en la práctica. Organismos internacionales recomiendan que el gasto en transporte no supere el 10% o 15% del ingreso. En Salta, ese porcentaje se dispara al 25%. Traducido: una de cada cuatro partes del sueldo se va en boletos.
Pero el dato más incómodo no es ese. Es cómo se llega a ese número.
Jornadas largas, múltiples destinos y un sistema que no contempla esa realidad
Las trabajadoras describieron rutinas que combinan hasta 48 horas semanales, traslados extensos y, en muchos casos, más de un empleo. El esquema actual de transporte —pensado para trayectos lineales— no contempla esa lógica fragmentada.
Ahí es donde el trasbordo deja de ser un detalle técnico y se convierte en un problema estructural.
“Aguantamos maltratos y muchas callan por miedo a perder el trabajo”, señalaron durante la exposición. A las 192 horas mensuales se suma el desgaste físico de viajar y el impacto económico de pagar más de un boleto por día.
La situación se agrava por otro factor: la informalidad. Aunque se estima que hay cerca de 20.000 trabajadoras registradas, miles siguen en negro, sin posibilidad de reclamar viáticos ni condiciones mínimas.
Sin sindicato y con representación débil
Otro punto que emergió en la reunión es la acefalía del sindicato del sector en la provincia. Sin una estructura gremial activa, el reclamo llega directamente a la política, pero con menor capacidad de presión.
En ese contexto, la agrupación “Unidas podemos lograrlo” tomó la iniciativa y formalizó el pedido ante los legisladores.
Del encuentro participaron, entre otros, el senador Esteban D’Andrea, quien asumió el compromiso de convocar al titular de SAETA, Claudio Mohr, para evaluar la viabilidad de la medida.
Una propuesta con financiamiento y un objetivo claro
El proyecto no se limita al diagnóstico. Propone un esquema de financiamiento que incluye fondos provinciales, convenios nacionales, aportes internacionales y contribuciones del sector minero y energético bajo programas de responsabilidad social empresaria.
Sin embargo, el eje no se mueve: garantizar trasbordos gratuitos.
Porque, en términos concretos, ese cambio impactaría de forma directa en el ingreso real de las trabajadoras sin modificar sus salarios nominales.
El punto ciego del debate
La discusión sobre tarifas suele centrarse en subsidios, costos operativos o equilibrio fiscal. Este reclamo corre el eje: pone el foco en el acceso al trabajo.
Si una persona necesita pagar dos o más boletos para cumplir su jornada, el sistema no solo encarece el transporte. Condiciona el empleo.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿el transporte público está diseñado para conectar personas… o para excluir a quienes más lo necesitan?
En Salta, la respuesta empieza a tomar forma en un pedido simple, pero contundente.
Que el trasbordo deje de cobrarse.
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