El senador provincial Juan Cruz Curá, integrante de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas, confirmó que la reunión con el equipo del auditor Marcos Segura Alzogaray dejó al descubierto fuertes disidencias técnicas y políticas en torno al informe final sobre la ejecución del Fondo de Reparación Histórica (2012–2019).
Según explicó, el encuentro fue extenso y permitió “escuchar, repreguntar y analizar en profundidad” el documento que evalúa el destino de los fondos destinados a obras de infraestructura en distintos departamentos del norte salteño. Sin embargo, el eje de la discusión se concentró en un punto crítico: la abstención de opinión emitida por la Auditoría General debido a la falta de documentación respaldatoria en tres de las cinco unidades ejecutoras.
Curá sostuvo que esa limitación genera un problema de fondo. “Si falta información en un tema tan grave, donde se habla de obras que no se hicieron, no nos cierra a nadie”, afirmó, al tiempo que consideró que el caso “no puede cerrarse con una abstención”, sino que debe tener continuidad en el ámbito judicial.
En ese sentido, señaló que ya existe intervención de oficio de la fiscalía y que será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades a partir de la falta de documentación y eventuales irregularidades. “De nuestro lado, necesitamos información precisa para poder avanzar con dictámenes”, remarcó.
El legislador detalló que la comisión trabaja sobre los ejercicios 2018 y 2019, períodos en los que se concentró el freno del análisis legislativo, y que se aguarda un informe financiero complementario de la auditora Elsa Pereyra Maidana para completar el cuadro general.
Durante la reunión, también se expusieron diferencias internas dentro del propio organismo de control. Curá reconoció la existencia de disidencias entre la presidencia de la Auditoría y el informe técnico final, tanto en aspectos metodológicos como en la interpretación del alcance del trabajo realizado.
“El propio organismo plantea observaciones sobre la falta de una visión integral del plan de obras”, señaló, aludiendo a los cuestionamientos que surgieron en el ámbito de la Bicameral sobre la ausencia de una evaluación completa del cumplimiento del programa de infraestructura.
El informe analizado abarca el período 2012–2019 e incluye la auditoría de cinco unidades ejecutoras, con una muestra de 80 obras sobre un total de 176 previstas originalmente. Según se detalló, la falta de documentación impidió validar la razonabilidad de los gastos en varias áreas clave, lo que derivó en la decisión de abstenerse de emitir una opinión definitiva.
En paralelo, los legisladores firmaron un acta para solicitar formalmente el informe financiero completo del Fondo de Reparación Histórica, con el objetivo de avanzar hacia conclusiones más precisas. Ese nuevo análisis se enfocará en la operatoria del crédito, el financiamiento y la colocación de fondos, aspectos que no fueron abordados en profundidad en el informe de ejecución de obras.
Curá fue enfático al señalar que el proceso no está cerrado y que la etapa que viene será clave: “No podemos quedarnos con una abstención cuando lo que está en discusión es el destino de fondos públicos y la ejecución de obras estratégicas para la provincia”.
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