El cierre de febrero y el inicio de marzo estarán marcados por un nuevo foco de tensión en el transporte aéreo. Los controladores aéreos anunciaron un plan de medidas de fuerza escalonadas que afectará los despegues en todos los aeropuertos del país y obligará a las aerolíneas a reprogramar vuelos, con impacto directo sobre miles de pasajeros.
La protesta fue confirmada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación(Atepsa), el gremio que nuclea a los controladores, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El conflicto es con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), responsable de la gestión del tránsito aéreo, y tiene como eje principal la discusión salarial y presuntos incumplimientos del convenio colectivo.
La medida no implicará un paro total, pero sí una restricción clave: durante determinadas franjas horarias, los controladores no autorizarán despegues ni tramitarán planes de vuelo. Ese detalle técnico —la negativa a habilitar salidas— es el corazón del conflicto y el factor que vuelve noticiable el reclamo: sin autorización de control, los aviones no pueden despegar, aun cuando estén en condiciones operativas.
Un cronograma que complica la operación
El plan de acción fue diseñado de manera progresiva y variará según el día y el tipo de vuelo alcanzado:
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Jueves 26: toda la aviación, de 15 a 18.
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Viernes 27: toda la aviación, de 19 a 22.
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Sábado 28: vuelos privados y no comerciales, de 13 a 16.
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Domingo 1: vuelos comerciales de cabotaje, de 9 a 12.
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Lunes 2: toda la aviación, de 5 a 8.
Durante esos períodos, además de la suspensión de autorizaciones de despegue, se interrumpirán tareas administrativas no críticas. El gremio aclaró que quedarán exceptuadas las operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado, las emergencias y los vuelos de búsqueda y rescate.
Un conflicto que viene de arrastre
La disputa entre Atepsa y EANA no es nueva. En agosto del año pasado, ambas partes habían alcanzado un acuerdo salarial del 15% en cuatro tramos, que permitió desactivar momentáneamente las protestas. Sin embargo, hacia fin de año las negociaciones volvieron a empantanarse y reaparecieron las medidas de fuerza, lo que derivó en la intervención del Estado mediante la conciliación obligatoria.
Desde la empresa estatal recuerdan que la navegación aérea está considerada un servicio esencial. Esa condición impone límites a las protestas: los sindicatos deben notificar las medidas con al menos cinco días de anticipación y no pueden afectar más del 45% de la operación total. Además, al tratarse de una empresa pública, las mejoras salariales quedan atadas a los lineamientos generales que fija el Estado nacional para el sector.
Pasajeros en alerta y un escenario cargado
El paro de los controladores se suma a un contexto ya sensible para la aviación comercial. Días atrás, el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) —con adhesión de gremios aeronáuticos— provocó cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a más de 65.000 pasajeros. Aquella medida involucró a pilotos, tripulantes de cabina, personal de tierra y jerárquicos del sector.
Ahora, con los controladores en conflicto, las compañías aéreas anticipan una nueva ola de ajustes operativos. El impacto no será homogéneo, pero sí generalizado: demoras en cadena, cambios de horarios y posibles cancelaciones, especialmente en vuelos de cabotaje y en los primeros servicios de la mañana.
Por eso, desde el sector recomiendan a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos con anticipación, mantenerse en contacto con las aerolíneas y contemplar márgenes de flexibilidad en los planes de viaje. La clave de la semana no estará en el clima ni en la demanda, sino en una disputa gremial que vuelve a poner en evidencia el rol estratégico —y muchas veces invisible— de los controladores aéreos en el funcionamiento cotidiano del sistema.
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