Esta semana, la Comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad del Concejo Deliberante de Salta dio luz verde preliminar a un proyecto que podría marcar un cambio importante —y también polémico— en la manera en que se controla la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La iniciativa propone la implantación obligatoria de microchips a perros con denuncias administrativas o penales por ataques, o cuyos cuidadores incumplan con las normas de tenencia responsable.
El proyecto, presentado por el concejal Gonzalo Corral (YP), busca modificar la Ordenanza N° 16.029, incorporando un nuevo capítulo que establece la colocación de lo que se denomina Dispositivo de Identificación Animal Electrónica (DIAE). Este microchip, colocado bajo la piel, almacena un código único que puede ser leído mediante radiofrecuencia (RFID) para identificar rápidamente al animal y a su responsable.
La propuesta abre un necesario debate: ¿hasta qué punto el control sobre ciertos animales justifica la intervención obligatoria del Estado?
Si bien el objetivo declarado es prevenir incidentes y proteger a la comunidad, también plantea inquietudes sobre cuál es el límite entre prevención y estigmatización animal, especialmente cuando hablamos de razas catalogadas como peligrosas, aunque muchas veces el problema está más en el humano que en el animal.
Además, la redacción actual del proyecto deja algunos puntos grises: ¿Qué criterios se utilizarán para definir si una denuncia es suficiente para obligar a colocar el microchip?, ¿Cómo se garantizará el respeto al debido proceso del cuidador antes de imponer esta obligación?, ¿Quién cubrirá los costos del procedimiento, especialmente en contextos de vulnerabilidad?
Nadie discute los beneficios del microchip como herramienta de identificación y trazabilidad. De hecho, su uso ya es voluntario en muchos municipios y recomendado por veterinarios y organizaciones de bienestar animal. La novedad acá es la obligatoriedad vinculada a denuncias, lo que puede dar lugar a una aplicación punitiva de una herramienta que originalmente fue pensada para protección, no como sanción.
Este enfoque podría funcionar, sí, pero debe estar acompañado por políticas integrales de educación, castración, adopción responsable y seguimiento post-denuncia. Si no, corremos el riesgo de atacar los síntomas sin tratar las causas: falta de conciencia, abandono y tenencia irresponsable.
También hay que preguntarse cómo se informará y acompañará a los cuidadores responsables. Una medida efectiva no puede ser solo coercitiva. Requiere una estrategia pedagógica y accesible, con campañas claras, plazos justos y apoyo técnico.
Desde el lado del animal, la colocación del microchip es un procedimiento sencillo y seguro. Pero usar la tecnología como marca de peligrosidad podría alimentar prejuicios contra ciertos perros, sin tener en cuenta el contexto de cada caso.
El proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación General, donde será revisado antes de una eventual aprobación. Allí se abre una nueva instancia de discusión, donde sería fundamental escuchar a veterinarios, organizaciones protectoras, especialistas en comportamiento animal y a la ciudadanía.
Porque el objetivo final no debería ser tener más perros controlados, sino más humanos responsables.
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