Esta semana llega al recinto de la Cámara de Diputados de Salta un proyecto de ley que promete generar tanto adhesiones como resistencias. Se trata del expediente N.º 91-53.055/25, presentado por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura (Bloque Gustavo Sáenz Conducción), que propone prohibir el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos e hipódromos a todas aquellas personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no contributivos, otorgados por el Estado Nacional o Provincial.
La iniciativa, en sus fundamentos, afirma que busca proteger a los sectores más vulnerables, evitando que los recursos públicos destinados a satisfacer necesidades básicas sean utilizados en actividades de azar que podrían agravar su situación. También plantea la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales, que permitiría a los establecimientos verificar en tiempo real si una persona está habilitada o no para ingresar a sus salas.
Sobre el papel, el proyecto apela a una lógica de prevención y cuidado. Reconoce que la ludopatía es una problemática creciente, que golpea con fuerza a muchas familias y que requiere políticas activas. Desde esa perspectiva, se presenta como una medida pensada para evitar que personas en situación de vulnerabilidad caigan en dinámicas compulsivas de juego que pueden poner en riesgo su ya frágil equilibrio económico.
Sin embargo, detrás de este aparente gesto de protección social se abre un debate profundo y necesario sobre los límites del control estatal, el respeto por los derechos individuales y los riesgos de estigmatización. ¿Es justo prohibirle a una persona el ingreso a un espacio público solo por ser beneficiario de un plan social? ¿Qué mensaje se está enviando cuando se asume, sin más, que alguien que recibe ayuda estatal no es capaz de decidir en qué gastar su dinero?
El proyecto asume que las personas pobres son más susceptibles a gastar irresponsablemente, y que el Estado debe actuar como una suerte de tutor moral que vigila cómo utilizan sus recursos. Este enfoque paternalista, aunque bien intencionado, corre el riesgo de infantilizar a los sectores populares, tratándolos como incapaces de tomar decisiones por sí mismos.
Además, el punto más delicado del proyecto tiene que ver con la creación del registro obligatorio de beneficiarios, al cual los casinos y salas de juego deberían acceder en tiempo real. Aunque se afirma que la protección de los datos personales estará garantizada, no deja de generar preocupación que la información sobre quién cobra un plan social esté disponible para actores privados, especialmente en un contexto donde la discrecionalidad política y el clientelismo siguen siendo un problema real.
El proyecto no distingue tipos de juego ni contextos. ¿Cómo se garantizará que la medida no derive en situaciones discriminatorias o en un control desproporcionado sobre determinadas personas?
Por otra parte, se plantea que las multas impuestas a los establecimientos que incumplan con esta normativa se destinarán a programas de fortalecimiento social y tratamiento de la ludopatía. Es un gesto positivo, pero que no alcanza a responder las preguntas de fondo: ¿por qué centrar toda la carga del problema en quienes menos tienen? ¿Y qué pasa con los sectores medios y altos que también padecen ludopatía, muchas veces con menos controles y más acceso al juego online?
El proyecto aún no cuenta con dictamen de las comisiones de Prevención de Consumos Problemáticos, Hacienda y Presupuesto ni Legislación General. Su debate será clave para definir si se trata de una herramienta válida de prevención o de una medida que roza la discriminación social. A falta de una mirada más integral sobre la ludopatía, la iniciativa parece elegir el camino rápido: prohibir, controlar, restringir. Pero los problemas estructurales, como las adicciones, la pobreza y la desigualdad, no se resuelven con prohibiciones selectivas. Se resuelven con políticas profundas, inclusivas y respetuosas de los derechos de todos.
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