Están acusadas de exigir $10.000 a beneficiarias del Programa Acompañar, bajo amenaza de quitarles el beneficio. También será juzgado el hijo de una de ellas, acusado de participar en el esquema de corrupción.
Tres exfuncionarias de la Municipalidad de Tartagal enfrentarán un juicio oral y público por el presunto cobro ilegal de dinero a mujeres que solicitaban el Programa Acompañar, un plan nacional destinado a asistir económicamente a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. El caso, que sacude a la gestión local, incluye también al hijo de una de las imputadas.
Se trata de Carla Antonella Cordero, exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad; Sandra Mabel Domínguez y Celeste Abigail Robles, empleadas de esa oficina; y Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, señalado como partícipe necesario del delito de concusión agravada.
Según la acusación, entre 2021 y 2022, las funcionarias exigían a mujeres en situación de vulnerabilidad el pago de $10.000 en concepto de “retorno” para incluirlas o mantenerlas dentro del Programa Acompañar. Las amenazas incluían la baja inmediata del plan si no entregaban el dinero.
La investigación señala que Hurtado actuaba como intermediario, prestando su cuenta bancaria para recibir los fondos exigidos y, en algunos casos, cobrando directamente en efectivo.
La jueza Mariela Catalano avaló la acusación presentada por el fiscal federal de la sede descentralizada de Orán, Marcos Romero, quien sostuvo que los hechos configuraban un claro caso de concusión agravada, es decir, el uso abusivo de funciones públicas para obtener un beneficio económico personal.
El caso comenzó con varias denuncias individuales: una mujer acudió a la justicia el 17 de noviembre de 2022, a la que se sumaron otras, incluso una que pidió reserva de identidad. También presentaron denuncias un grupo de concejales, una diputada nacional por Salta, y se iniciaron actuaciones por publicaciones en medios locales y redes sociales.
A pedido del fiscal Romero, la Gendarmería Nacional realizó tareas de campo e inteligencia criminal. Además, se ordenaron allanamientos, levantamiento del secreto bancario y pedidos de informes al municipio.
Los resultados fueron contundentes:
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Se comprobó que las funcionarias estaban en funciones desde enero de 2021.
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Se acreditaron transferencias periódicas de dinero desde cuentas de beneficiarias hacia las cuentas de las imputadas y de Hurtado.
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Se detectó que, al dejar de pagar, muchas beneficiarias fueron dadas de baja del programa por la alteración de sus datos en el sistema.
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Aparecieron también familiares de las funcionarias como supuestos beneficiarios del plan.
Durante la audiencia de control de acusación, las defensas intentaron desacreditar las pruebas y pidieron el sobreseimiento. Sin embargo, la jueza Catalano rechazó los planteos y elevó la causa a juicio. La fiscalía solicitará penas de cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tratarse de un delito contra la administración pública.
“La evidencia es fuerte y objetiva”, afirmó el fiscal Romero, y aseguró que la gravedad de la maniobra amerita que se dirima en juicio oral.
El programa afectado
El Programa Acompañar es una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que brinda apoyo económico durante seis meses a mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, con el fin de fortalecer su autonomía e independencia.
El plan fue diseñado para que el Estado asista a quienes más lo necesitan, no para que funcionarios lo conviertan en un negocio personal. Por eso, el hecho de haberlo usado como herramienta de extorsión resulta especialmente grave.
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