Un negocio que se repite gobierno tras gobierno. Compras sin licitación, droguerías amigas, y una red informal de operadores que manejan millones desde la trastienda del Estado. Todo bajo el paraguas de un programa con nombre ambicioso: Incluir Salud.
Cada mes, el Estado argentino gasta US$43,7 millones en medicamentos, prótesis y servicios médicos para personas con discapacidad y otros titulares de pensiones no contributivas. Los números salen de los informes públicos del Ministerio de Economía y corresponden a los fondos que administra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a través del programa Incluir Salud.
Se trata de una de las cajas más voluminosas del Estado, aunque pocas veces está en el centro del debate público. Un esquema armado, desde hace años, para garantizar prestaciones a los más vulnerables, pero que, en la práctica, alimenta una red de beneficios concentrados, cartelización y actores que cambian de nombre, pero no de métodos.
En las oficinas de la Andis se cocinan contratos por cifras millonarias. Pero no se trata de procesos transparentes: la mayoría se realiza por el sistema de “compulsa”, una modalidad que permite invitar a proveedores seleccionados a dedo. Siempre los mismos. Casi nunca nuevos.
Droguerías, ortopedias y empresas prestadoras conforman un circuito privilegiado. Entre ellas, destacan Droguería Suizo Argentina, Dihemo, Del Sud, Lowcedo, San Jorge y Alemana. Este grupo concentró buena parte del negocio en la última década, con gestiones de distinto color político.
A diferencia de lo que se espera en la gestión pública, el que mueve los hilos de este sistema no es solo el director del organismo. En el centro de la escena está la figura del “armador”: un operador informal, sin cargo oficial, pero con acceso directo a expedientes, prestadores y decisiones clave.
Durante la gestión de Alberto Fernández, ese lugar lo ocupó Luis Fernando “Luifer” Segura, hijo del expresidente de AFA, con línea directa con el poder y fuerte influencia en las decisiones de compra.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, cambió la administración, pero el sistema se mantuvo intacto. Segura fue desplazado y en su lugar apareció Sebastián Nuner Uner, abogado con vínculos con los primos Menem y director en la Suizo Argentina, una de las droguerías más beneficiadas por el esquema.
Fuentes consultadas por este medio señalan que Nuner no tiene designación oficial, pero su rol como “gestor clave” es reconocido incluso dentro del organismo.
Una red que se hereda de gobierno en gobierno
El origen del actual sistema se remonta al kirchnerismo. Entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas pasó de 79.000 a más de un millón, según cifras oficiales. La estructura fue creciendo hasta justificar la creación de un organismo propio. Así nació la Andis, durante el macrismo, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.
Con Fernández, las compras se concentraron aún más. Con Milei, se mantuvo el esquema. Solo cambió la administración de la red.
“La estructura se entrega como una llave en mano”, explican quienes conocen el sistema desde adentro. “Se van unos y llegan otros. Pero el negocio sigue”.
Incluir Salud no es una obra social. Es un programa que brinda servicios a quienes no tienen otra cobertura: personas con discapacidad, madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, excombatientes de Malvinas, y beneficiarios de pensiones graciables.
Las provincias tienen Unidades de Gestión Provincial (UGP) que reciben los pedidos, pero todas las decisiones pasan por la sede central en Ramsay 2250, en el barrio porteño de Belgrano.
Desde allí se autorizan las compras, se coordinan las entregas y se administra un sistema logístico que en 2023, por ejemplo, pagó $542 millones al Correo Argentino por el reparto de medicamentos en todo el país. Contratación directa, sin competencia.
Hasta hace días, el director de Andis era Diego Spagnuolo, desplazado tras la filtración de audios donde se hablaba de supuestos “retornos” pagados por droguerías. Compartía la gestión con Daniel Garbellini, otro nombre conocido del sector.
Por encima de ellos está el Ministerio de Salud, hoy encabezado por Mario Lugones, vinculado al radicalismo de Enrique “Coty” Nosiglia, y secundado por Cecilia Loccisano, exesposa del exministro Jorge Triaca y con vínculos con las droguerías beneficiadas por el sistema.
Los nombres se repiten. Las conexiones también.
Mientras tanto, los beneficiarios esperan
En el centro de este sistema están los que menos voz tienen: los beneficiarios. Personas que necesitan medicamentos, prótesis, tratamientos. Ciudadanos que muchas veces enfrentan demoras, rechazos o trámites interminables. Y que dependen de un programa que, en teoría, fue creado para cuidarlos.
Pero mientras el Estado promete “incluir”, en los hechos, solo incluye a los de siempre: los proveedores elegidos, los armadores influyentes y los funcionarios de turno que permiten que la caja siga girando.
Incluir Salud administra una de las cajas más sensibles del Estado. Pero lo que debería ser un sistema de protección social, se ha convertido en un negocio blindado por una red de favores, amigos y contrataciones opacas.
Hoy, más que nunca, se impone una pregunta básica:
¿Quién cuida a los que se supone que deben cuidar?
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