Eduardo Costello, Secretario Institucional del Ministerio de Educación de Salta, respondió a las denuncias del gremio SITEPSA, aclarando que no existe persecución gremial sino aplicación estricta de la normativa vigente.
Por estos días, SITEPSA —el sindicato de trabajadores de la educación con simple inscripción— ha denunciado públicamente supuestas prácticas de persecución sindical por parte del Gobierno de Salta. El detonante fue el descuento salarial a docentes que adhirieron a una medida de fuerza y el recorte de licencias gremiales abonadas. Pero desde el Ministerio de Educación aseguran que no hay nada ilegal ni persecutorio en curso: solo se está aplicando la ley.
“No se puede financiar la huelga pagando los días no trabajados”, sostuvo con claridad Eduardo Costello, en diálogo con Interactiva. “El derecho de huelga está perfectamente garantizado, pero también está claro que la Constitución no obliga al empleador a pagar los días en los que no se prestan tareas”.
Descuentos por huelga: ¿derecho vulnerado o norma vigente?
Costello explicó que el conflicto surgió luego de una medida de fuerza convocada por SITEPSA semanas atrás. Si bien reconoció que el gremio está “bien constituido” como organización con simple inscripción, remarcó que eso no cambia la interpretación legal sobre el salario.
“Existe un principio legal: el salario es debido cuando el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. La jurisprudencia, incluso la Corte Suprema, ha sostenido que los días que no se trabajan no se pagan, salvo que haya una justificación legal expresa”, explicó el funcionario.
En otras palabras, el Estado provincial no desconoce el derecho a huelga, pero tampoco está obligado a financiarlo. “El trabajador puede ejercer la huelga, pero eso no implica que se le deba pagar. Eso no es castigo, es la aplicación de una norma legal”, insistió.
Licencias gremiales: ¿qué cambió y por qué?
El otro punto de fricción con SITEPSA tiene que ver con las licencias gremiales. El sindicato denunció que se les quitaron beneficios adquiridos. Pero Costello lo desmiente: “No hubo ninguna quita arbitraria. Simplemente se detectó que el Estado estaba pagando licencias gremiales por encima de lo que marca el decreto provincial vigente”.
Ese decreto, del año 2005, establece que la provincia pagará una licencia gremial cada mil afiliados. En el caso de SITEPSA, con alrededor de 1.040 afiliados, le corresponde una sola licencia paga. Sin embargo, el Estado estaba cubriendo los sueldos de cuatro dirigentes sindicales, lo cual fue corregido tras un pedido del propio gremio para incorporar una licencia adicional.
“Recién cuando SITEPSA pidió una quinta licencia paga, se revisó el expediente y se descubrió el exceso. Lo que hicimos fue aplicar lo que marca la normativa: una licencia paga por cada mil afiliados. Lo demás lo puede pagar el sindicato, si así lo desea. Eso también lo permite la ley”, explicó Costello.
El funcionario aclaró además un punto clave: la licencia gremial existe para que un dirigente electo pueda cumplir funciones sindicales sin perder su puesto de trabajo, pero no obliga al empleador a seguir pagando su salario si excede lo estipulado por ley o decreto.
¿Derecho adquirido? No, según el Ministerio
Ante la denuncia de que se vulneraron derechos adquiridos, Costello fue contundente: “Para que haya un derecho adquirido, primero tiene que haber existido un derecho legal. Acá no hay ninguna norma previa que ampare el pago de más licencias gremiales. Por lo tanto, no puede hablarse de quita de derechos”.
Según el funcionario, la narrativa de persecución gremial no se sostiene ante los hechos. “Acá nadie está persiguiendo a nadie. Lo que hay es cumplimiento de normas que existen hace años. Si antes se aplicaron mal o no se controlaron, ahora se está corrigiendo”, sostuvo.
El trasfondo de este conflicto, como en tantas otras disputas sindicales, es la educación pública. “Estamos hablando de un área sensible para la sociedad, como lo es la educación. Por eso es importante que se garantice el derecho a protestar, pero también que se respeten las reglas del juego. De eso se trata vivir en un Estado de derecho”, concluyó Costello.
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