El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ha sido procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. El juez federal Sebastián Casanello ha encontrado pruebas suficientes para demostrar que Belliboni desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron su organización y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas fantasma mediante facturas truchas, ocultando el destino final del dinero.
El juez también ha impuesto un embargo de 390 millones de pesos sobre Belliboni. Según la investigación, el Polo Obrero utilizó empresas como la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint, y Carlos Osvaldo Monfrini para justificar gastos inexistentes y financiar al Partido Obrero, que participa en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
El procesamiento también alcanza a 16 integrantes del Polo Obrero, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. La investigación reveló que parte del dinero desviado se utilizó para la campaña del Partido Obrero, con aportes de hasta 18 millones de pesos a la imprenta Rumbos, que tiene domicilio fiscal en la sede del partido.
Además de Belliboni, fueron procesados Mariano Alejandro Centanni (tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma, quienes también están implicados en la firma de facturas y recibos falsos. Otros dirigentes procesados incluyen Jeremías Cantero, María Isabel Dotti, y Roberto Adrián Albornoz, dueño de la imprenta Rumbos.
Las pruebas indican que el dinero que se obtenía de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, además de sostener la estructura del comedor, se destinaba al Partido Obrero. Las “cápitas” pagadas por los beneficiarios, que variaban entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales, también se canalizaban a través de la imprenta Rumbos.
El fiscal Gerardo Pollicita está investigando una posible complicidad de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la dirección de Emilio Pérsico durante el gobierno de Alberto Fernández. Se analiza si hubo omisiones voluntarias en el control de las facturas falsas presentadas por el Polo Obrero.
Los investigadores también están revisando la falta de control sobre empresas como Coxtex y Miniso Trade, catalogadas como apócrifas por la AFIP, que el Polo Obrero afirmaba haberles comprado productos. La falta de investigación por parte de los esquemas de control ha levantado sospechas sobre posibles errores u omisiones deliberadas.
El caso sigue desarrollándose mientras la Justicia profundiza en las responsabilidades de los involucrados.
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