El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei confirma que el ajuste no se detiene, aunque modera levemente su rigor con un aumento real del 5,9% del gasto en comparación con este año. Sin embargo, esa suba no alcanza para revertir el recorte brutal del primer año y medio de gestión libertaria.
En los números, se vislumbra una clara continuidad del recorte: no habrá refuerzos para jubilaciones ni bonos adicionales, se eliminará la movilidad automática de las asignaciones familiares y las tarifas de luz y gas volverán a subir.
En materia previsional, el gasto más grande del Estado, el Gobierno decidió mantener congelado el bono de $70.000 que perciben los jubilados de la mínima desde marzo de 2024. La fórmula de movilidad sigue sin cambios, lo que implica aumentos rezagados respecto a la inflación. Además, se propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares, que pasarían a depender del arbitrio del Poder Ejecutivo, sin actualización automática.
En paralelo, el proyecto plantea una reducción de los subsidios energéticos, lo que anticipa aumentos en las tarifas eléctricas y de gas. El presupuesto 2026 asigna $4 billones en subsidios, una caída real del 12,4% respecto a este año y un desplome del 68,5% en relación con 2023. A su vez, el Gobierno busca eliminar la ampliación del régimen de zonas frías aprobado en 2021, lo que dejaría sin beneficio a millones de hogares fuera de la Patagonia.
En contraste, el transporte automotor y ferroviario recibe un pequeño respiro con un incremento real del 0,5% y 2% respectivamente, tras los recortes drásticos de los últimos años.
En cuanto a impuestos, no se prevé una reforma tributaria, pero sí un aumento en la presión fiscal: pasará del 21,30 al 21,77% del PBI. El grueso de la suba vendrá del impuesto a los combustibles, que crecería un 50,6% real, y del impuesto a las ganancias, con una suba proyectada del 9%. También aumentaría la recaudación por retenciones y derechos de importación. A contramano, la recaudación de Bienes Personales caería 24% real. Los beneficios fiscales y exenciones se mantienen casi intactos, con un costo estimado de $35,2 billones, lo que representa el 3,42% del PBI.
La relación con las provincias tendrá algo más de oxígeno. Las transferencias automáticas por coparticipación aumentarán un 6,5% real, mientras que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) crecerán un 147%. Sin embargo, las transferencias no automáticas de capital —claves para obras públicas— caerán un 34,7%. Los giros totales siguen lejos del nivel alcanzado en 2023.
En cuanto a la obra pública, uno de los rubros más golpeados por el ajuste, el presupuesto proyecta un incremento del 32% real respecto de este año. Pero aun así, se ubica un 74,7% por debajo del nivel de inversión del 2023. Vialidad Nacional recupera protagonismo tras las críticas por el deterioro de rutas, aunque continúan los recortes en vivienda y agua potable.
Por último, el gasto en servicios sociales sube un 6,4% en términos reales, pero no alcanza para recomponer lo perdido en los dos años anteriores. Sectores como Salud y Seguridad Social muestran señales de recuperación, mientras que Educación y otras áreas siguen en niveles deprimidos.
El proyecto será debatido desde esta semana en la Comisión de Presupuesto de Diputados. La gran incógnita es si el oficialismo mostrará voluntad de diálogo o insistirá con su estrategia de imposición unilateral. La oposición, respaldada por gobernadores, ya avisó que no aceptará una tercera prórroga presupuestaria y prepara varios reclamos para modificar el texto.
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