En una nueva jornada del juicio contra veinte imputados por integrar una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1, un testigo clave rompió el silencio y contó detalles escalofriantes sobre cómo operaba la mafia dentro del penal.
El testigo, un ex interno que actualmente está alojado en la cárcel de Orán, es ingeniero agrónomo y empresario. Al declarar, pidió al tribunal garantías para proteger su vida, ya que recibió amenazas luego de rechazar ofertas de corrupción. Por eso, los jueces ordenaron mantenerlo aislado hasta que pueda ser trasladado a un lugar seguro.
Según su relato, uno de los jefes del pabellón le exigió 50 mil pesos para cambiarlo a un sector más seguro dentro del penal. Su hermano fue quien entregó el dinero personalmente. Además, el testigo entregó vales para que el funcionario retirara madera de su empresa “a modo de donación”.
Pero eso no fue todo. El testigo explicó que después empezaron a pedirle dinero para otros “beneficios”: le ofrecieron semilibertad en dos semanas, domiciliaria en dos meses y libertad condicional a cambio de 3 mil dólares. La propuesta incluía la complicidad de un juez que manejaba todo en el ámbito correccional. Como él rechazó la oferta, empezó a recibir amenazas de muerte.
Lo más grave es que, cuando pidió ayuda a dos psicólogos y a un exdirector de la Unidad Carcelaria 1, lo ignoraron por completo, pese a las amenazas y la extorsión que había denunciado.
El testigo también reveló que sabía de otro preso que pagaba a un jefe del penal para que le llevaran pizzas y marihuana dentro de la cárcel.
Tras estas declaraciones, el tribunal ordenó enviar copia de las actas a la fiscalía para que se investigue la posible comisión de delitos.
Durante la audiencia, otro interno confirmó que recibió pizzas en el penal, que supuestamente llevaron sus familiares, aunque esto está prohibido. Dijo que el encargado lo autorizó y que a cambio él debía dejar pizzas para los “fajineros”, los encargados de la seguridad interna.
Finalmente, un testigo que se mostró reticente a declarar fue detenido por falso testimonio, a pedido de la Unidad Fiscal.
El juicio lo lleva adelante la Sala VII del Tribunal de Juicio, con los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar. La fiscalía está a cargo del procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los veinte acusados incluyen funcionarios penitenciarios, internos y familiares. Los funcionarios enfrentan cargos por extorsión agravada, narcotráfico dentro del penal y asociación ilícita. Los demás están acusados por narcotráfico y asociación ilícita.
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